El Gobierno se prepara para un verano legislativo más que intenso: convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para aprobar un paquete de reformas que promete alterar la vida cotidiana de trabajadores, estudiantes y contribuyentes. Con la nueva composición parlamentaria desde el 10 de diciembre, la Casa Rosada apuesta a aprovechar su mayor margen político para avanzar sin demoras en cambios que generan preocupación entre especialistas y organizaciones sociales.

El Consejo de Mayo presentará en diciembre los proyectos de reforma laboral, educativa y tributaria. En materia laboral, el Ejecutivo apunta a modificar criterios de registración, reducir indemnizaciones, acortar licencias y declarar como “esenciales” diversas actividades, un movimiento que recortaría la capacidad de huelga. Aunque la CGT participa de las discusiones, teme que el paquete derive en un retroceso sustancial de derechos en un mercado golpeado por salarios bajos e inestabilidad.

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En el terreno educativo, el borrador habilita que cada escuela defina su programa de contenidos, permite modalidades domiciliarias y reduce la intervención estatal en la regulación del sistema. Docentes y especialistas alertan que esto podría profundizar desigualdades, fragmentar la calidad educativa y limitar el acceso a una enseñanza pública sólida. También vuelve a instalarse la idea de declarar la educación básica como servicio esencial, un punto que apunta directamente al derecho a la protesta docente.

Otro capítulo clave será el nuevo Código Penal. El proyecto endurece penas para delitos asociados a protestas sociales, corrupción y barras bravas. Organizaciones de derechos humanos señalan que la iniciativa podría criminalizar manifestaciones públicas y amplificar la discrecionalidad policial, afectando a quienes reclaman frente a situaciones de emergencia económica o social. Se trata de un texto extenso, con cientos de artículos nuevos que modificarían de forma profunda el marco penal vigente.

El Presupuesto 2026 también despierta inquietudes. Aunque prevé incrementos en áreas sensibles como salud, educación y jubilaciones, gobernadores y especialistas advierten que la inflación podría licuarlos rápidamente. Temen, por otro lado, que la búsqueda del equilibrio fiscal implique recortes en programas sociales, transferencias a provincias y obras públicas, con efectos directos en la vida cotidiana.

Entre las iniciativas más polémicas figura la llamada “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, que habilitaría el uso de dólares informales. El Gobierno asegura que la medida dinamizará la economía, pero economistas y tributaristas alertan que podría beneficiar a quienes operaron en la informalidad, perjudicar a los contribuyentes cumplidores y dificultar el control estatal sobre grandes movimientos de dinero. También podría complejizar operaciones rutinarias como alquileres o compras de inmuebles al sumar incertidumbre y falta de trazabilidad.

En paralelo, se evalúa incluir el acuerdo comercial con Estados Unidos, que implicaría reforzar controles contra la piratería, actualizar normas de propiedad intelectual y permitir intercambios de datos personales bajo jurisdicción estadounidense. Especialistas advierten que esto podría generar mayores costos para pymes, nuevas obligaciones para consumidores y riesgos concretos en materia de privacidad.

Con un temario cargado y un contexto social sensible, el Gobierno apuesta a aprobar el paquete sin demoras. Mientras tanto, gremios, organizaciones y expertos insisten en que muchas de estas reformas podrían profundizar desigualdades y golpear con fuerza a millones de personas que ya enfrentan meses de pérdida de ingresos, inflación y un escenario económico incierto.