El gobierno de Javier Milei inició el año político con una decisión que desató una fuerte controversia y un rechazo inmediato de amplios sectores de la oposición. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Poder Ejecutivo modificó la ley de Inteligencia y otorgó nuevas y amplias atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado, en una medida que fue interpretada como un grave retroceso institucional.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, introduce cambios profundos en la ley 25.520 y reduce los controles sobre las actividades de inteligencia. Legisladores de distintos bloques advirtieron que la norma debilita los mecanismos de fiscalización parlamentaria y habilita un escenario propicio para el espionaje interno, la persecución política y la vigilancia sobre dirigentes, periodistas, activistas y funcionarios, sin garantías legales suficientes.

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Uno de los aspectos más cuestionados es la redefinición de las tareas de contrainteligencia, que ahora abarcan acciones amplias y poco precisas destinadas a prevenir supuestas amenazas al orden constitucional y al proceso decisorio del Estado. Estas funciones deberán aplicarse en todo el Sector Público Nacional y quedan bajo la responsabilidad directa de los titulares de cada organismo, lo que implica que funcionarios de distintas áreas podrían verse involucrados en tareas de inteligencia.

La norma también reorganiza el funcionamiento interno del sistema, separa las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad y traslada esta última a la órbita de la Jefatura de Gabinete. Para la oposición, este cambio implica una mayor concentración de poder político sobre áreas sensibles y estratégicas. Además, el decreto elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, una decisión que fue leída como un debilitamiento de los equilibrios institucionales y de los controles cruzados dentro del Estado.

Desde la Casa Rosada defendieron la medida al señalar que busca ordenar funciones, evitar superposiciones y concentrarse en amenazas externas. Sin embargo, los cuestionamientos no se detuvieron y apuntan a que el decreto avanza sobre atribuciones que deberían ser debatidas en el Congreso y consolida un esquema de inteligencia con escaso control democrático.

La reacción política fue inmediata y transversal. Diputados de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, fuerzas provinciales y espacios socialistas reclamaron la urgente apertura del Congreso y la conformación de las comisiones bicamerales encargadas de controlar los organismos de inteligencia y los DNU. También advirtieron que, de no habilitarse ese camino, impulsarán el tratamiento directo en el recinto para rechazar la medida.

Ex ministros de Defensa y referentes en materia de seguridad se sumaron a las críticas y alertaron que el decreto consolida una lógica de Estado represivo y opaco, alejada de los principios republicanos. También señalaron el riesgo de subordinar áreas estratégicas y militares a una concepción de seguridad interna incompatible con el sistema democrático.

Con la entrada en vigencia del DNU, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cuenta con un plazo de diez días para analizarlo. Luego, cualquiera de las dos cámaras puede llevarlo al recinto. El antecedente de septiembre de 2024, cuando el Congreso rechazó un decreto que ampliaba los fondos reservados de la SIDE, vuelve a aparecer como una referencia central en el debate.

Mientras el oficialismo insiste en que se trata de una reorganización administrativa, crece el consenso opositor en que el decreto representa un avance peligroso sobre las libertades públicas y el equilibrio de poderes. El tema promete convertirse en uno de los primeros grandes conflictos políticos del año y en una prueba clave para los límites institucionales del gobierno de Milei.