El arranque del año legislativo 2026 quedó marcado por una fuerte pulseada política tras la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei que modifica la ley de Inteligencia y encendió las alarmas de la oposición, que reclama la inmediata reapertura del Congreso, actualmente en receso hasta marzo.

Desde el oficialismo de La Libertad Avanza sostienen que no habrá actividad parlamentaria hasta febrero, cuando se convoque a sesiones extraordinarias con un temario limitado. En ese esquema, la prioridad del Gobierno es avanzar con la reforma laboral y con cambios en la ley de Glaciares, dejando fuera de discusión el DNU de Inteligencia.

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En Diputados, el peronismo pidió formalmente la convocatoria a sesiones extraordinarias para rechazar el decreto, al advertir que fortalece a la Secretaría de Inteligencia del Estado y debilita los controles institucionales. También reclamó la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, un planteo que sumó respaldo de otros bloques opositores.

La respuesta del oficialismo fue tajante. Desde La Libertad Avanza señalaron que no pueden realizarse sesiones sin la apertura del período ordinario y, en el Senado, recordaron que primero debe celebrarse la sesión preparatoria prevista para el 23 de febrero, donde se definirá la integración de las comisiones en medio de la disputa por la proporcionalidad de los cargos.

Con el DNU ya publicado, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cuenta con un plazo de diez días para emitir dictamen. Luego, cualquiera de las dos cámaras puede llevar el tema al recinto. En la oposición admiten que existen conversaciones para avanzar con su rechazo, al remarcar que alcanza con una mayoría simple para dejarlo sin efecto.

Mientras tanto, el oficialismo apunta al 2 de febrero como fecha tentativa para el inicio de las sesiones extraordinarias. En el Senado sigue pendiente la reforma laboral, que había sido postergada por falta de consensos, y el proyecto de modificaciones a la ley de Glaciares, que reúne mayor apoyo, especialmente entre legisladores de provincias mineras.

La Cámara de Diputados espera que ambas iniciativas ingresen desde el Senado, aunque también circula la posibilidad de sumar un proyecto de reforma del Código Penal. Todo ocurre en un clima de negociaciones cruzadas y creciente tensión política.

En paralelo, la agenda interna quedó atravesada por el impacto internacional del ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. En ese contexto, diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de declaración en respaldo a la acción estadounidense.

En sentido contrario, los bloques peronistas de ambas cámaras difundieron un comunicado conjunto en el que repudiaron el ataque y reclamaron una política exterior basada en la paz, el multilateralismo, la no intervención y la defensa de la soberanía de los países de la región.