La Justicia Federal avanzó de manera contundente en la causa que investiga el presunto megafraude en favor de la empresa Vicentín y dispuso el embargo y la inhibición general de bienes del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga, del exvicepresidente Lucas Llach y de otros dieciséis exdirectivos de la entidad bancaria.

La medida fue ordenada por el juez federal Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número diez, a casi seis años del inicio de la investigación. El magistrado analiza la posible comisión de un fraude contra la administración pública a partir del otorgamiento de créditos millonarios a la cerealera santafesina cuando ya atravesaba una situación financiera crítica.

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De acuerdo con la investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, el Banco Nación habría concedido a Vicentín financiamiento por un total de más de trescientos cuatro millones de dólares, pese a que la empresa no contaba con capacidad real para afrontar esas obligaciones. La maniobra habría sido autorizada por las máximas autoridades de la entidad durante el gobierno de Mauricio Macri.

El embargo fue dispuesto con el objetivo de asegurar una eventual pena de multa y garantizar la reparación del daño ocasionado al Estado en caso de una condena. En su resolución, el juez sostuvo que los exfuncionarios del banco y los directivos de Vicentín habrían intervenido en el cobro, administración y disposición de fondos cuyo destino final aún no pudo ser plenamente determinado.

La causa describe una serie de créditos y préstamos que habrían sido otorgados de manera irregular, aun cuando el Banco Nación carecía de posibilidades concretas de recuperarlos. Según la acusación fiscal, parte de esos fondos habrían sido desviados a cuentas personales de directivos de la firma y utilizados para fines ajenos a la operatoria declarada.

Una de las situaciones más graves se habría registrado durante el segundo semestre de dos mil diecinueve, cuando Vicentín acumulaba una elevada deuda vencida. A pesar de ese escenario, el banco autorizó transferencias y retiros de la cuenta de garantía de la empresa, en lugar de aplicar esos recursos al cobro de los créditos impagos.

Siempre según la investigación, en ese período se liberaron más de cuarenta y tres mil millones de pesos mediante ciento veinticinco operaciones y se otorgaron veintiocho nuevos préstamos por más de ciento cinco millones de dólares. Para la fiscalía, los funcionarios ignoraron que al siete de noviembre de dos mil diecinueve Vicentín ya registraba una deuda vencida y exigible cercana a los ciento cincuenta millones de dólares.

La resolución fue dictada luego de las indagatorias realizadas en noviembre pasado en los tribunales de Comodoro Py, donde declararon veintiséis imputados. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en una de las causas judiciales más sensibles vinculadas al manejo del sistema financiero estatal durante el macrismo.