Un inesperado respaldo diplomático y legal llegó desde Washington en uno de los momentos más críticos del juicio por la expropiación de YPF. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York un escrito de amicus curiae en apoyo a la Argentina, con el objetivo de frenar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal al fondo Burford Capital.

La intervención del gobierno norteamericano busca impedir que se ejecute la orden de la jueza Loretta Preska mientras continúa el proceso de apelación iniciado por Argentina. Aunque el fallo original —que obliga al país a pagar USD 16.100 millones— ya no puede revertirse en esta instancia, EE.UU. considera que avanzar con la entrega forzosa de las acciones viola principios fundamentales de inmunidad soberana y puede sentar un precedente peligroso en materia de derecho internacional.

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“El respaldo no es político, es jurídico”, aclaró el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca la causa. De todos modos, el gesto es interpretado como una señal diplomática contundente, especialmente cuando Argentina enfrenta el riesgo de ser declarada en desacato si desobedece el fallo.

En 2023, durante el gobierno de Joe Biden, la Casa Blanca ya había intervenido en el mismo sentido, aunque Preska desoyó el argumento. Ahora, la presión de Washington cobra nueva fuerza ante la inminencia de una transferencia de acciones que afectaría directamente la soberanía argentina sobre uno de sus activos estratégicos.

La Corte de Apelaciones ya concedió una suspensión temporal y estableció un nuevo cronograma: los fondos demandantes deberán presentar sus argumentos contra esa prórroga antes del 17 de julio, mientras que la Argentina podrá responder hasta el 22. Luego, un panel de tres jueces definirá si se mantiene el freno a la orden de entrega mientras se sustancia la apelación.

En el Gobierno hay cautela pero también cierto alivio. La ofensiva judicial había puesto al país contra las cuerdas: si no cumplía con la entrega en tiempo y forma, podía ser declarado en desacato, con consecuencias severas para su reputación financiera y su acceso a mercados internacionales.

Con esta nueva jugada, Argentina gana tiempo. Pero el conflicto por YPF, a más de una década de la expropiación decidida durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sigue abierto y con final incierto.