El vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores se rompe en pedazos. Tras la feroz acusación de Javier Milei, que definió a las provincias como “la última trinchera de la casta” y los acusó de “no haber hecho el ajuste pertinente”, varios mandatarios empezaron a mostrarse reacios a apoyar el veto al aumento jubilatorio aprobado en el Congreso. En los despachos provinciales el mensaje es tajante: “Si no hay diálogo, el respaldo legislativo no está garantizado”.

La situación es delicada para el Gobierno. El bloque que el año pasado sostuvo el veto, con 87 diputados, muestra grietas. Las negociaciones para asegurar al menos 75 votos mediante ausencias todavía no logran calmar las tensiones, que se profundizan con la campaña electoral que arde en cada provincia. En el oficialismo admiten que “está muy complicado” y saben que si cae el veto, el impacto fiscal será de 1,8% del PBI, con consecuencias inmediatas en los mercados y un salto del riesgo país. A pesar de ello, repiten sin fisuras que “el déficit cero no se toca”.

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En un encuentro con empresarios, Milei no midió palabras y apuntó directo: “Es imperante llevar el cambio a las provincias, que hoy son la última trinchera que encontró la casta política para acuartelarse y seguir exprimiendo los bolsillos de la ciudadanía”. Además, sentenció: “Gran parte de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público a 25 puntos del PBI, pero ninguno hizo el ajuste pertinente, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”.

La réplica no tardó en llegar desde las provincias, aunque con bajo perfil. Varios mandatarios difundieron datos oficiales que muestran que “fueron las provincias, y no la Nación, las que bajaron la presión tributaria en 2024”. También hicieron público un informe de la consultora Empiria que revela un ajuste promedio en el gasto provincial del 15% real durante 2023, con excepción de Buenos Aires, Catamarca y Chaco, distritos que quedaron en rojo. “Los datos son nobles, la manipulación está en los relatos”, resumió el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares.

En medio de la crisis, los gobernadores sellaron un proyecto conjunto para reformar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, con la intención de mejorar la coparticipación. Este movimiento fue interpretado como un claro mensaje político frente a la falta de respuestas de la Casa Rosada, evidenciando una inédita unificación provincial en su reclamo.

El avance de La Libertad Avanza en los territorios agrega más leña al fuego. La estructura partidaria crece con fuerza y el oficialismo nacional apuesta a disputar espacios en cada distrito. Esta estrategia divide aguas dentro del Gobierno: mientras el ala vinculada a Santiago Caputo prefiere mantener lazos con los gobernadores para asegurar el apoyo legislativo, el sector de Martín y Eduardo “Lule” Menem impulsa el crecimiento político aún si esto implica tensar la relación con las provincias. La polémica foto del Yacht Club, con los hermanos Milei y Sebastián Pareja, fue vista como un guiño presidencial a esta última corriente.

Tucumán es el ejemplo más claro de esta fractura. Su gobernador Osvaldo Jaldo, quien fue cercano a Milei en los primeros meses, hoy mantiene una relación tensa con la Rosada tras la irrupción libertaria en su provincia. “Entre los Menem y los comentarios del Presidente, se les va a complicar juntar los soldados para sostener el veto”, confiesan en el círculo íntimo provincial, donde la fidelidad oficialista se resquebraja.

Mientras la pulseada se intensifica en Diputados, el ala pragmática teme que la caída del veto no solo impacte en la economía, sino que también deje al Gobierno debilitado políticamente justo antes de las elecciones de septiembre. En los pasillos oficiales ya se baraja un escenario sombrío: si el veto cae, será la señal más clara de que la alianza con los gobernadores está rota y que Milei enfrenta su mayor crisis desde que asumió.