El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de fuerte impacto sobre el empleo público al disponer la suspensión total de las contrataciones de personal en el sector público nacional. La decisión implica que no se cubrirán cargos administrativos ni operativos vacantes, ni aquellos que se generen en el futuro, y refuerza la política de ajuste impulsada por la gestión de Javier Milei.

La medida fue oficializada mediante el decreto 934, firmado el último día hábil de 2025 y publicado este jueves en el Boletín Oficial. El texto establece que el Estado no podrá incorporar personal de ninguna naturaleza, lo que incluye tanto a trabajadores de planta transitoria como a contratados por tiempo determinado o indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial o para tareas eventuales.

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El decreto también alcanza a la contratación de personal autónomo para la prestación de servicios profesionales, como estudios, proyectos o programas especiales dentro de secretarías, subsecretarías y direcciones. De igual modo, se suspenden las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente y cualquier modalidad de contratación, exista o no relación de dependencia.

En la práctica, la norma implica que los puestos que queden vacantes como consecuencia de despidos, retiros voluntarios o desvinculaciones acordadas no serán cubiertos. Solo se permitirá la reposición excepcional de algunos cargos por jubilaciones o renuncias, siempre que no represente un incremento en la dotación total de personal del Estado.

Desde el Gobierno justificaron la decisión en la necesidad de profundizar el ajuste del gasto público para sostener el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales de la política económica oficial. La congelación de ingresos se suma así a otras medidas de reducción del tamaño del Estado implementadas a lo largo del último año.

El decreto contempla, sin embargo, una serie de excepciones. Quedaron habilitados para continuar incorporando personal el Servicio Penitenciario, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, aunque en este último caso se excluye al personal civil. También fueron exceptuados los guardaparques nacionales y los trabajadores del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

En el área de la salud, la norma permite la incorporación de profesionales en hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación que dependen del Ministerio de Salud. Asimismo, las universidades nacionales quedaron fuera de la restricción, aunque su capacidad real de contratación se ve limitada por el fuerte recorte presupuestario aplicado durante 2024, cercano a un tercio de sus fondos.

Las excepciones alcanzan además a la Secretaría de Cultura, al personal indispensable para el funcionamiento del Gabinete de Ministros y de los ministerios en actividad, y a los cargos necesarios para cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado.

Con esta decisión, el Ejecutivo profundiza el ajuste sobre el empleo público y consolida una política de congelamiento de la planta estatal que promete generar nuevas tensiones con sindicatos y sectores afectados, en un contexto económico y social marcado por la recesión y la caída del poder adquisitivo.