El Gobierno nacional dispuso una fuerte actualización salarial para ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo a través del Decreto 931 del año 2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida se tomó sin detallar los montos finales y en pleno contexto de ajuste, con despidos, recortes presupuestarios y la suspensión total de nuevas contrataciones en el Estado.

De acuerdo a lo informado por la Asociación Trabajadores del Estado, el incremento alcanza el 89,5 por ciento para los cargos jerárquicos cuyos salarios permanecían congelados desde diciembre de 2023. El aumento beneficia a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rangos equivalentes dentro de la estructura estatal.

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La decisión generó un inmediato rechazo sindical y social, al conocerse en un escenario de fuerte pérdida del poder adquisitivo, paralización de ingresos al sector público y reducción de partidas en áreas sensibles como universidades, ciencia, salud y políticas sociales. Desde ATE calificaron la medida como “una obscenidad frente a la crisis que atraviesa el pueblo argentino”.

El decreto aclara que el incremento no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel y que no tendrá efecto retroactivo. Sin embargo, la exclusión del binomio presidencial no logró amortiguar el impacto político y simbólico de la decisión, que beneficia a la cúpula del Gobierno mientras se exige austeridad al resto de los trabajadores estatales y a la sociedad en general.

En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo argumentó que la actualización salarial busca garantizar remuneraciones consideradas adecuadas y competitivas para los cargos de conducción del Estado, y la vinculó al superávit fiscal alcanzado por la gestión. El texto también incorpora un mecanismo que prevé el congelamiento automático de estos salarios en caso de registrarse déficit fiscal.

La medida se conoce pocos días después de que el propio Gobierno decretara la suspensión de todas las contrataciones en la administración pública nacional, dejando vacantes sin cubrir y profundizando la precarización laboral en el Estado. En ese marco, el aumento para los altos funcionarios expone una contradicción central del discurso oficial: ajuste, motosierra y sacrificio para abajo, alivio salarial para los de arriba.