Un estudio del Instituto Pensar Igualdad volvió a encender las alarmas sobre la distancia entre los números oficiales y la realidad cotidiana de las familias argentinas. Bajo el título “La macro aprieta, la casa y la calle ahorcan”, el informe sostiene que la desaceleración inflacionaria y la caída de los índices formales de pobreza del Indec no alcanzan para describir la gravedad del deterioro social que se vive en los barrios.

La investigación toma como base el dossier que el Indec publicó el 11 de noviembre, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Según el instituto, los datos muestran apenas una parte de las estrategias con las que los hogares intentan sobrevivir. Y detrás de la foto oficial aparece un escenario más duro: menos comida, más deuda y menos capacidad para sostener gastos básicos.

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Los números son contundentes. El 17% de los hogares redujo las porciones de comida entre adultos, y el 11% entre chicos. Entre quienes dependen de ingresos informales, las cifras se disparan al 42% y 32% respectivamente. Para los investigadores, se trata de una “emergencia silenciosa” que avanza sin contención estatal suficiente.

El informe advierte además que el crédito —formal o informal— se transformó en una muleta imprescindible para llegar a fin de mes. Más de la mitad de los hogares compra en cuotas o se financia fuera del sistema bancario, y entre las familias asalariadas de clase media esa proporción trepa a siete de cada diez. “La tarjeta funciona como un salario anticipado”, señala el documento, en un contexto donde los ingresos pierden terreno frente a los precios.

El endeudamiento se volvió transversal: el 13% de los hogares tomó préstamos bancarios en 2025, el 15% recurrió a familiares o amigos y cuatro de cada diez tuvieron que usar sus ahorros para cubrir gastos corrientes. El 9% incluso vendió pertenencias, con mayor incidencia en hogares encabezados por mujeres. Para Pensar Igualdad, el “colchón financiero” de la clase media prácticamente desapareció.

Otro eje crítico del diagnóstico es el impacto del ajuste fiscal. Con datos del Iaraf, el informe señala que el recorte del gasto nacional se explica en un 26% por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, que cayeron entre 14% y 16% en 2024. Las universidades sufrieron un ajuste del 24% y los subsidios a la energía y el transporte retrocedieron un 33%. La combinación afecta de manera directa a quienes dependen de servicios públicos y, en el caso de los jubilados, obliga a miles a pagar medicamentos que antes recibían sin costo.

Para el instituto, la distribución del ajuste confirma su carácter regresivo y evidencia un “divorcio creciente” entre los logros macroeconómicos que exhibe el Gobierno y la vida cotidiana de la población. En ese escenario, la deuda dejó de ser una herramienta extraordinaria: es el mecanismo que ordena —y limita— la vida de millones.

Con este panorama, Pensar Igualdad advierte que la estabilización macro no garantiza una mejora automática en el bienestar social. Y concluye con una síntesis que resume el clima del momento: la crisis sigue “apretando” en la mesa y “ahorcando” en las calles, donde cada familia busca su forma de sobrevivir a un presente que el Indec no logra capturar del todo.