El veto a ambas normas fue oficializado en el Boletín Oficial, pese a que habían sido aprobadas con dos tercios del Congreso. La ley universitaria contemplaba la actualización automática por inflación de gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, investigación y becas, además de la convocatoria a paritarias para recomponer salarios docentes y no docentes. El gobierno justificó su decisión alegando que no contaba con fuentes de financiamiento “suficientes y viables” y advirtió que su aplicación generaría más emisión e inflación.

Frente a la medida, legisladores opositores anunciaron que insistirán con la aprobación de la ley la próxima semana. Por su parte, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios docentes confirmaron la Tercera Marcha Federal Universitaria para el miércoles 17 de septiembre, mientras que los sindicatos de la educación superior convocaron a un paro nacional universitario para el viernes 12.

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El Hospital Garrahan también se sumó a la protesta, anunciando medidas de acción directa en rechazo al veto de la emergencia pediátrica. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, sostuvo: “El gobierno nos obliga a convocar a toda la sociedad para defender no solo a la universidad pública, sino al futuro del país”. Laura Carboni, de la Asociación Gremial Docente de la UBA, agregó que “desde que asumió este gobierno perdimos un 45% de nuestros salarios y más de 10.000 docentes renunciaron en todo el país”.

El repudio se multiplicó en redes sociales y en declaraciones de dirigentes políticos, mientras la oposición busca unificar su estrategia parlamentaria frente a lo que ya se anticipa como un nuevo choque entre el Congreso y el Ejecutivo.