Tras el contundente triunfo legislativo de La Libertad Avanza, el Gobierno nacional decidió acelerar una de sus reformas más controvertidas: la transformación del sistema laboral argentino. La medida, presentada por el secretario de Trabajo Julio Cordero, introduce el concepto de “salarios dinámicos”, que modifica la estructura básica de los convenios colectivos.

Según explicó el funcionario, los sueldos dejarán de tener un piso garantizado para convertirse en un techo de referencia. Esto implica que las empresas podrán abonar salarios por debajo de los valores establecidos en los acuerdos sindicales, siempre que exista un consenso individual con los empleados. En los hechos, el cambio elimina la protección mínima que hoy fija cada convenio por actividad.

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Actualmente, los salarios básicos funcionan como una garantía gremial: los aumentos se aplican de forma uniforme a todos los trabajadores de un sector. Con el nuevo esquema, las remuneraciones pasarían a depender de la situación particular de cada empresa, su productividad y su capacidad de pago.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a “desindexar” los sueldos de la inflación oficial y vincularlos al rendimiento real del mercado. “Los ingresos deben reflejar la productividad, no la inercia inflacionaria”, afirmó Cordero en el reciente coloquio de IDEA en Mar del Plata, al defender la iniciativa.

El proyecto también prevé limitar la duración de las cláusulas económicas de los convenios colectivos, forzando negociaciones más frecuentes y adaptadas a las condiciones de cada sector. Además, busca instalar un nuevo modelo de “mérito y desempeño” como base para las actualizaciones salariales.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo. Con paritarias que apenas cubren la mitad de la inflación mensual y un salario mínimo de $322.200 —equivalente a un tercio de la canasta básica familiar—, la propuesta genera preocupación entre los sindicatos.

Mientras el Gobierno promete “flexibilidad y competitividad”, las centrales obreras advierten que el fin del piso salarial equivale a “una demolición de derechos laborales históricos”. El debate en el Congreso promete ser uno de los más tensos de la nueva etapa política argentina.