Como si fuera un déjà vu de los años 90, el Gobierno de Javier Milei confirmó este martes que avanzará con la privatización del 90% de las acciones de AySA, la empresa estatal de agua potable y saneamiento que abastece al AMBA. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, y marca un giro rotundo en el manejo de un servicio esencial.

“Vamos a permitir el ingreso de capital privado, nacional e internacional, para modernizar el precio y la calidad del servicio”, declaró Adorni. El proceso, amparado en la Ley Bases recientemente aprobada, será supervisado por la Comisión Nacional de Valores. El Estado solo retendría un 10% del paquete accionario, perdiendo así el control operativo de la empresa.

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Según el vocero, desde que fue reestatizada en 2006, AySA recibió más de 13.400 millones de dólares en subsidios. “No es sostenible que todos los argentinos financien una empresa que funciona mal”, justificó. Sin embargo, la historia reciente de la compañía privatizada —bajo el nombre de Aguas Argentinas y gestionada por la francesa Suez entre 1993 y 2006— dejó un tendal de denuncias por incumplimientos, subinversión y deterioro del servicio.

Uno de los cambios más sensibles que podrían volver es la posibilidad de cortar el suministro de agua a usuarios con deudas, una medida que hoy está prohibida por tratarse de un derecho esencial. Desde el entorno oficial ya se habían deslizado intenciones de revisar ese marco si la empresa pasaba a manos privadas.

Además, Adorni destacó que los trabajadores de AySA “podrán acceder a una porción del paquete accionario”, algo similar a los programas de capitalización que se aplicaron en los 90 con resultados dispares. Sin embargo, desde los gremios ya anticipan un conflicto inminente y advierten que la medida “pone en riesgo miles de empleos y el acceso igualitario al agua”.

La decisión reabre un debate profundo sobre el rol del Estado en servicios esenciales y revive fantasmas del pasado reciente. Con esta privatización, el gobierno libertario busca enviar un mensaje claro al mercado, pero enfrenta fuertes críticas por el impacto que puede tener en la población más vulnerable. El agua, otra vez, en disputa.