El Gobierno de Javier Milei sintió el golpe del Congreso como nunca antes. Luego del contundente revés en el Senado, donde se aprobaron por amplias mayorías leyes clave como la movilidad jubilatoria con aumento de bono, la emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional, la Casa Rosada activó un operativo de urgencia: recomponer vínculos con gobernadores para frenar lo que podría convertirse en una catarata de leyes vetadas y vueltas a insistir por el Congreso. “No todos los gobernadores son lo mismo”, justificó Guillermo Francos, flamante jefe de Gabinete y encargado de apagar el incendio institucional que amenaza con devorar el control del Ejecutivo.

Mientras el presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, acusan a las provincias de poner en riesgo el equilibrio fiscal, Francos se muestra más diplomático y reconoce que es tiempo de reconstruir puentes. “No está todo roto, creo que hay posibilidad de conversar”, admitió, en un intento por moderar el clima tras las declaraciones incendiarias del mandatario desde la Bolsa de Comercio, donde anunció que vetará todas las leyes y denunció un supuesto “golpe institucional”.

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Pero la situación es delicada. El oficialismo necesita al menos un tercio de los votos en una de las Cámaras para sostener los vetos de Milei. En Diputados, eso equivale a 87 bancas. Hasta ahora, contaban con el apoyo del PRO, un sector del radicalismo y bloques provinciales. Pero tras los votos adversos en el Senado, el “tercio de hierro” tambalea. Y el mapa provincial muestra grietas cada vez más evidentes.

En Corrientes, la negativa de Karina Milei a acordar con el gobernador Gustavo Valdés terminó en rebelión: los tres senadores votaron en contra del oficialismo. En Tucumán, Osvaldo Jaldo —uno de los primeros peronistas que se alineó con el Gobierno— empieza a tomar distancia, presionado por las elecciones locales de octubre. Solo en Chaco, donde hubo acuerdo con el gobernador Leandro Zdero, los legisladores respondieron al libreto libertario.

Mientras tanto, la tensión crece en el Congreso. La oposición ya prepara una sesión especial para el 30 de julio, donde buscará avanzar con nuevos proyectos como el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y el apoyo a Bahía Blanca tras las inundaciones. Si esos textos avanzan, el Gobierno podría enfrentar otro aluvión de derrotas.

Milei, fiel a su estilo, dobló la apuesta y anunció que, si el Congreso insiste con las leyes, recurrirá a la Justicia. Pero un fallo de la Corte Suprema de 2020 dejó claro que las decisiones internas del Senado no son materia judicial. Los días corren: el Ejecutivo tiene diez días hábiles para promulgar o vetar las normas.

En ese plazo, se juega mucho más que un tironeo legislativo: el Gobierno busca desesperadamente recomponer una mayoría mínima para no quedar completamente acorralado. El problema, según admiten en la Rosada, es que “los gobernadores ya no piden cargos, piden resultados”. Y Milei, por ahora, solo ofrece enfrentamiento.