El juez federal Sebastián Casanello dispuso el procesamiento de Diego Spagnuolo, abogado y amigo personal del presidente Javier Milei, y de otras dieciocho personas por un esquema de corrupción que operó en la Agencia Nacional de Discapacidad. La decisión no clausura la causa, sino que impulsa una nueva etapa centrada en el seguimiento del dinero y en eventuales maniobras de lavado.

En una resolución de más de trescientas páginas, el magistrado sostuvo que el entramado delictivo no se limitó a los hechos ya acreditados y que existen indicios de una estructura más amplia, basada en intermediaciones, privilegios y sobreprecios, que podría haberse replicado en otros ámbitos del Estado. Por ese motivo, ordenó nuevas citaciones a indagatoria para profundizar las responsabilidades y las posibles ramificaciones.

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Entre los nuevos investigados figura Sergio Mastropietro, empresario y exsocio de Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Según la causa, Mastropietro habría cumplido un rol central en la canalización y el blanqueo del dinero obtenido de manera ilegal a partir de las maniobras detectadas en la ANDIS.

Casanello también procesó a Miguel Ángel Calvete y a su hija Ornella Calvete, quien se desempeñaba en el Ministerio de Economía. Durante un allanamiento realizado en octubre, la Justicia halló en uno de sus domicilios casi setecientos mil dólares, cerca de veinte millones de pesos y una suma no precisada de euros en efectivo, montos que fueron vinculados a las operatorias investigadas.

De acuerdo con el expediente, Miguel Ángel Calvete fue uno de los jefes de la asociación ilícita que actuó dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad desde fines de dos mil veintitrés. Sin ocupar un cargo formal, habría dirigido contrataciones, gestionado sobornos y mantenido un vínculo directo con Spagnuolo, a quien visitaba con frecuencia y le entregaba dinero en efectivo y otros beneficios. En mensajes incorporados a la causa se menciona un presunto retorno del “tres por ciento para KM”, sigla que los investigadores asocian a Karina Milei.

La investigación se apoyó en audios filtrados y en un amplio entrecruzamiento de llamadas, mensajes, transferencias bancarias y facturación entre funcionarios y empresarios. Según la Justicia, se montó un sistema de contrataciones irregulares que permitió direccionar compras, simular competencia entre oferentes y aplicar sobreprecios que en algunos casos superaron el mil novecientos por ciento.

El juez detalló que, mediante procedimientos especiales, un grupo reducido de droguerías concentró adjudicaciones por más de treinta mil millones de pesos y obtuvo más del noventa y tres por ciento de los procesos analizados. A cambio, se habrían pagado coimas para asegurar adjudicaciones, acelerar trámites administrativos y garantizar prioridad en los pagos.

En paralelo, la pesquisa avanzó sobre el presunto lavado de activos. La fiscalía sostiene que parte del dinero ilegal fue transferido a empresas ajenas al rubro sanitario, como Baires Fly Sociedad Anónima, propiedad de Mastropietro, bajo conceptos genéricos utilizados para ocultar el origen de los fondos. También se investiga el uso de criptomonedas como un mecanismo adicional de blanqueo.

Casanello afirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad fue cooptada y utilizada como una vía de enriquecimiento ilícito, en perjuicio de su función esencial de garantizar derechos a personas con discapacidad y otros sectores vulnerables. Remarcó que la corrupción provocó no solo un grave daño económico al Estado, sino también un impacto directo sobre una de las poblaciones más sensibles.

En su resolución, el magistrado identificó como jefes de la asociación ilícita a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, a quienes procesó por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta y, en algunos casos, cohecho.

Además, fueron procesados Diego D’Giano, Roger Grant, Eduardo González, Lorena Di Giorno, Luciana Ferrari, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero, Alejandro Fuentes Acosta, Patricio Rama, Marcelo Santich, Patricia Canavesio, Guadalupe Ariana Muñoz, Ornella Calvete, Ruth Lozano y Julio César Viera, acusados de integrar desde distintos roles una estructura organizada dedicada a manipular contrataciones públicas, direccionar licitaciones y facilitar el pago de sobornos en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad.