Demian Reidel presentó su renuncia a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país, en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en licitaciones y fuertes dudas sobre el origen de fondos con los que saldó deudas personales por 825 millones de pesos. Su salida profundizó la crisis interna y expuso un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional.

El ahora exfuncionario, cercano al presidente Javier Milei, quedó en el centro de las críticas por una licitación vinculada al mantenimiento de dos centrales nucleares y por decisiones internas que incluyeron el desplazamiento de directores alineados con su conducción, lo que debilitó su respaldo dentro de la compañía y aceleró su caída.

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Desde el Ejecutivo confirmaron que Juan Martín Campos asumirá como nuevo presidente del directorio. Campos es bioquímico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en seguridad nuclear y reactores. La vicepresidencia quedará a cargo del ingeniero químico Martín Porro, actual titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Con estos cambios, la conducción de Nucleoeléctrica quedó prácticamente renovada. Diego Chaher continuará como uno de los principales directivos, señalado como una figura clave en el proceso de privatizaciones que impulsa la administración libertaria, mientras que Fernando Montserrat fue ratificado como gerente general.

Reidel había salido públicamente a defenderse pocos días antes de su renuncia. Negó cualquier vínculo entre la cancelación acelerada de sus deudas y supuestas maniobras irregulares dentro de la empresa. Aseguró que los pagos respondieron a operaciones inmobiliarias personales y rechazó las acusaciones de corrupción.

Las denuncias en su contra apuntan a presuntos sobreprecios de hasta el 140 por ciento en contratos de servicios como limpieza e informática en la Central Nuclear Atucha. En paralelo, se cuestionó la coincidencia temporal entre esas contrataciones y la rápida cancelación de compromisos financieros que hasta mediados de enero lo colocaban en una situación cercana a la insolvencia.

En su descargo, Reidel explicó que había adquirido en 2018 una participación en un desarrollo inmobiliario con fondos propios, que fue vendiendo de manera progresiva. Señaló que en diciembre de 2024 concretó una operación por 770 mil dólares y que, mientras se cerraba la transacción, tomó financiamiento puente contra ese activo para obtener liquidez inmediata.

Pese a esas explicaciones, las sospechas se intensificaron por la magnitud de los contratos adjudicados durante su gestión, que alcanzaron los 20.417 millones de pesos. Las acusaciones más graves hablan de un esquema de pagos irregulares y de la presunta exigencia de una comisión del 5 por ciento para habilitar desembolsos a proveedores, lo que podría haber implicado movimientos cercanos a los mil millones de pesos.

La renuncia de Reidel dejó al descubierto un conflicto de alto impacto en un área estratégica del Estado y abrió un nuevo capítulo de tensión política y judicial, con investigaciones que podrían avanzar sobre la gestión de una de las empresas más sensibles del sistema energético argentino.