La firma definitiva del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos generó una reacción ambivalente en el sector agropecuario. Mientras las principales entidades valoraron el marco general del entendimiento y las oportunidades que abre para las exportaciones, también alertaron sobre cláusulas que podrían dejar al campo en desventaja si no se aplican políticas internas que compensen la apertura.

El tratado contempla múltiples puntos vinculados al agro. En el plano ganadero, Argentina podrá exportar durante 2026 unas 80.000 toneladas adicionales de carne bovina al mercado estadounidense. A su vez, se establece una reducción de aranceles para alrededor de 1.675 productos nacionales, entre ellos frutas, infusiones, especias, panificados, carnes, pescados, lácteos, huevos y algunas producciones vegetales.

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En contrapartida, el país se compromete a habilitar la importación de un volumen similar de carne bovina estadounidense bajo la modalidad de ganado vivo, además de avanzar en la desregulación del ingreso de carne porcina y aviar. El acuerdo también fija cuotas arancelarias para productos de economías regionales como vino, azúcar, almendras, pistachos y chocolate, flexibiliza barreras fitosanitarias y permite la importación de maquinaria agrícola usada y fertilizantes de origen norteamericano.

Uno de los puntos que mayor inquietud generó es la aceptación de estándares técnicos definidos por Estados Unidos sin la intervención del SENASA, una decisión que, según advierten productores y técnicos, podría afectar los controles sanitarios y la igualdad de condiciones para la producción local.

Pese a estas advertencias, el acuerdo recibió un respaldo general de las entidades rurales. La Sociedad Rural Argentina destacó la oportunidad de profundizar la inserción internacional y ampliar el acceso a mercados estratégicos. Confederaciones Rurales Argentinas subrayó el potencial exportador de algunas economías regionales, mientras que CONINAGRO definió el entendimiento como un paso estratégico para fortalecer la cooperación agroindustrial.

Desde la Federación Agraria Argentina también señalaron aspectos positivos y relativizaron el impacto inmediato de la importación de ganado bovino estadounidense, al tratarse de animales vivos destinados principalmente a reproducción.

Sin embargo, el acompañamiento no disipa las preocupaciones de fondo. El sector arrastra un 2025 complejo, marcado por la caída del precio internacional de la soja y un tipo de cambio que consideran atrasado, incluso tras el proceso electoral. En ese escenario, las entidades reclaman al Gobierno una aceleración en la baja de las retenciones para evitar una pérdida mayor de competitividad.

La Sociedad Rural remarcó que será clave evaluar en detalle los efectos del acuerdo y garantizar reglas de competencia equitativas. Desde CRA admitieron que algunas economías regionales deberán adaptarse a la mayor apertura y reclamaron líneas de crédito blandas para sostener la actividad.

Productores vitivinícolas y tamberos expresaron su preocupación por la desigualdad impositiva frente a los productos importados y advirtieron que, al menos en el corto plazo, la apertura podría pesar más que los beneficios exportadores. También recordaron que el cupo adicional de carne para Estados Unidos tendrá vigencia limitada y solo regirá durante 2026.

Finalmente, desde la Federación Agraria insistieron en la falta de reciprocidad sanitaria, especialmente en el ingreso de lácteos y carne aviar estadounidenses sin controles equivalentes a los que se exigen a los productores argentinos. Para el campo, el acuerdo puede convertirse en una oportunidad a largo plazo, pero sin medidas internas que equilibren la cancha, el riesgo de perder competitividad sigue latente.