Pese al discurso oficial que busca acotar la reforma laboral a los futuros contratos, el contenido del proyecto enviado al Congreso y el análisis de especialistas coinciden en un punto central: el ajuste alcanzará también a quienes hoy tienen un empleo formal. La supuesta no retroactividad no aparece garantizada en la letra de la iniciativa y funciona más como una consigna política que como una protección jurídica efectiva.

El propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había reconocido en diciembre que los cambios impactarían sobre todos los trabajadores. Desde entonces, el Gobierno intentó instalar que la reforma solo regirá para nuevas relaciones laborales, pero el articulado no explicita esa limitación ni preserva de manera expresa los derechos adquiridos en los contratos vigentes.

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En términos concretos, el proyecto habilita que los despidos, las indemnizaciones y las modificaciones de jornadas y modalidades de trabajo se rijan por la nueva normativa, sin importar cuándo comenzó la relación laboral. Esto implica que, ante un eventual despido, se aplicarán las reglas de la nueva ley incluso para trabajadores con años de antigüedad.

Especialistas en derecho laboral advierten que esta omisión no es casual. Señalan que el proyecto podría establecer de manera explícita que las nuevas reglas se apliquen solo a contratos iniciados tras su vigencia, pero no lo hace, lo que abre la puerta a su aplicación sobre vínculos laborales existentes.

Uno de los cambios más sensibles es la modificación del sistema de indemnizaciones. El esquema actual por antigüedad sería reemplazado por un Fondo de Cese Laboral financiado con aportes que hoy se destinan al sistema jubilatorio. En la práctica, si un trabajador es despedido bajo la vigencia de la nueva ley, la indemnización se calculará con las nuevas reglas, sin considerar la fecha de ingreso. Además, quedarían excluidos del cálculo conceptos como aguinaldo y bonos.

Desde el punto de vista legal, esta lógica tiene antecedentes. La reforma de accidentes de trabajo de 2017 se aplica actualmente a trabajadores que ingresaron antes de su sanción, lo que refuerza la hipótesis de que la reforma laboral seguirá el mismo criterio.

A esto se suma el impacto fiscal y distributivo del nuevo esquema. El proyecto prevé que parte del costo de las indemnizaciones deje de recaer en el sector privado y sea absorbido por el Estado, a través de recursos que ya no ingresarían al Sistema Integrado Previsional Argentino. De ese modo, se reduce el costo efectivo de despedir y se incentiva el ajuste vía empleo.

Otro punto crítico es la flexibilización de la jornada laboral mediante el llamado banco de horas, que permitiría compensar horas extras con tiempo libre en lugar de pagar recargos salariales. La posibilidad de implementar este esquema por acuerdo individual, según especialistas, profundiza la desigualdad entre empleador y trabajador y limita la capacidad real de negociación de este último.

El proyecto también elimina la exigencia de un descanso mínimo de doce horas entre jornadas y promueve que los convenios de empresa prevalezcan sobre los convenios de actividad, incluso cuando resulten menos favorables. Este cambio apunta a fragmentar la negociación colectiva y debilitar el rol de los sindicatos en la defensa de condiciones comunes.

Desde el plano económico, analistas advierten que la reforma consolida un modelo de salarios bajos y mayor inestabilidad laboral. Al abaratar despidos y flexibilizar condiciones, se refuerza un esquema que, frente a una recesión, favorece despidos más rápidos y profundiza la caída del consumo.

En ese contexto, la discusión excede lo técnico y se inscribe en una disputa de fondo sobre la distribución del ingreso. Bajo la idea de modernización, la reforma redefine quién asume los costos del ajuste, con menos obligaciones para el capital, mayor precariedad para el trabajo y un Estado que absorbe parte del impacto.

Lejos de limitarse a nuevos contratos, la reforma laboral avanza sobre el conjunto de las relaciones de trabajo. No habrá, en los hechos, trabajadores protegidos y otros no, sino un universo de asalariados expuesto a menos derechos, mayor incertidumbre y salarios cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas.