El Congreso inicia este lunes un nuevo período de sesiones extraordinarias que se extenderá hasta el 27 de febrero, con una agenda cargada de conflictos y negociaciones cruzadas. En el centro de la escena aparece la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será tratada el 11 de febrero en el Senado y ya cuenta con dictamen, lo que acelera los tiempos y eleva la presión sobre la oposición.

Durante las últimas semanas, sectores opositores y la Confederación General del Trabajo intentaron frenar el avance del proyecto, aunque el rechazo se mantiene ajustado y con riesgo de quiebres internos. La discusión política se desplazó del impacto sobre los derechos laborales hacia el costo fiscal de la iniciativa, en particular por la reducción del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, una medida que implicaría una pérdida estimada de 1,7 billones de pesos para las provincias en 2026.

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En paralelo, el Gobierno incorporó al temario la baja de la edad de imputabilidad, un debate que ganó fuerza tras el crimen de Jeremías Monzón y que modificó el eje de la discusión pública. La iniciativa también expuso tensiones dentro del propio oficialismo, con diferencias marcadas entre Patricia Bullrich y Martín Menem respecto del alcance de la reforma del régimen penal juvenil y la edad mínima que debería fijarse.

Mientras tanto, los gobernadores comenzaron a mantener conversaciones reservadas ante la falta de definiciones sobre eventuales compensaciones por la caída de recursos. Desde la Casa Rosada dejaron trascender que cualquier tipo de asistencia estará condicionada al acompañamiento legislativo, una postura que generó malestar y reactivó la posibilidad de reclamos coordinados en el Consejo Federal de Inversiones.

La agenda de extraordinarias incluye además el tratamiento de modificaciones a la Ley de Glaciares, previsto también para el 11 de febrero, en un contexto de fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas que advierten un retroceso en la protección de los ecosistemas. En contraste, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no reúne consenso político ni condiciones técnicas para ser debatido en este período.

Con un escenario fragmentado y márgenes cada vez más estrechos, las próximas semanas serán clave para definir si el oficialismo logra avanzar con su reforma laboral tal como fue diseñada o si el debate parlamentario deriva en cambios profundos y futuros conflictos judiciales.