La CGT intensificó en las últimas semanas una estrategia política y territorial para intentar frenar la reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en el Congreso. La central obrera combinó negociaciones directas con legisladores y una fuerte presión sobre gobernadores peronistas y aliados, a quienes considera decisivos para bloquear los votos necesarios que impulsen la iniciativa oficialista.

Con un perfil bajo pero movimientos constantes, el triunvirato que conduce la CGT mantuvo encuentros con referentes del peronismo parlamentario en ambas cámaras. La semana pasada se reunió con los jefes de bloque del PJ en Diputados y el Senado, Germán Martínez y José Mayans. Desde la conducción sindical admiten que el objetivo es cerrar filas en el Congreso y evitar fugas en un debate que consideran central para el futuro de los derechos laborales.

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“Estamos convenciendo al sector político, hablamos con gobernadores y senadores”, afirmó Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato cegetista. La frase sintetiza el plan que se despliega tanto en Buenos Aires como en las provincias, donde los sindicatos buscan condicionar a los mandatarios con peso sobre diputados y senadores.

Además del diálogo con el peronismo, la CGT abrió canales con la UCR y con bloques provinciales. Desde la central aseguran que existen coincidencias con sectores empresariales, especialmente con las pequeñas y medianas empresas, que también manifestaron reparos frente a algunos puntos de la reforma. Según fuentes sindicales, esta articulación comenzó a generar resistencias internas al proyecto dentro del Congreso.

En el plano provincial, la atención está puesta en los gobernadores que podrían garantizar votos a favor de la reforma. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz apareció junto a Diego Santilli y llamó a “no tenerle miedo al cambio”, un gesto que encendió alarmas en el sindicalismo local. La reacción no tardó en llegar: Jorge Guaymas, secretario general de Camioneros en la provincia, reclamó una reunión urgente y acusó al proyecto de implicar una “degradación de derechos”.

Sáenz reunió a sus diputados y senadores para analizar la iniciativa, mientras que su ausencia en una reciente cumbre sindical en Mar del Plata profundizó las tensiones con la CGT. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó objeciones parciales a la reforma, aunque desde la central obrera cuestionaron a los legisladores que le responden por haber acompañado la Ley Bases.

Las acciones entre la conducción nacional y las regionales se coordinan de manera permanente. En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil mantiene una postura ambigua y evita pronunciarse públicamente sobre la reforma. Frente a ese escenario, la CGT provincial decidió avanzar con gestiones directas ante cada legislador, aunque admite que el desenlace sigue siendo incierto y que la pulseada política recién empieza.