Después de más de un mes de incendios forestales sin control en la Patagonia, que ya consumieron más de 230 mil hectáreas y provocaron pérdidas irreparables en parques nacionales de valor ambiental mundial, el Gobierno nacional decidió declarar la Emergencia Ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

La definición se produjo tras una creciente presión social por la magnitud del desastre ecológico y humano. Durante gran parte del día, en Casa Rosada se evaluó la posibilidad de avanzar con el decreto y recién cerca de las 20 el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó a través de la red social X que el DNU sería firmado y quedaría oficializado este jueves.

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En paralelo, el Ministerio de Seguridad publicó una resolución en el Boletín Oficial que habilita el envío de fondos a las asociaciones de Bomberos Voluntarios. El monto total asciende a 100.000 millones de pesos, que serán distribuidos entre 1.062 asociaciones, con un promedio cercano a los 95 millones de pesos para cada una. Las entidades que agrupan a las federaciones provinciales recibirán en conjunto más de 7.700 millones de pesos.

Pese al anuncio, organizaciones ambientales y pobladores de las zonas afectadas advierten que los recursos son insuficientes y llegan de manera tardía. Señalan que el daño ambiental ya es irreversible y que el fuego continúa activo, especialmente en Chubut, donde el combate depende de brigadistas y bomberos con bajos salarios, equipamiento limitado y condiciones laborales precarias.

El giro del Gobierno se produjo luego de que el tema comenzara a impactar negativamente en la imagen presidencial. Aun así, desde Balcarce 50 confirmaron que Javier Milei no tiene previsto viajar a las zonas afectadas. El Presidente se limitó a difundir en redes sociales un flyer en el que destacó la presencia de brigadistas, aeronaves y el envío de fondos, presentando el operativo como “histórico”.

La decisión se terminó de cerrar en una reunión de la mesa política en Casa Rosada, de la que participaron Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Martín Menem, este último de manera virtual. Allí también se analizó la posibilidad de incluir la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias, opción que fue descartada por los tiempos legislativos y derivó en la firma del DNU.

Días antes, los gobernadores de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y La Pampa se habían reunido por primera vez desde el inicio de los incendios y coincidieron en reclamar formalmente al Gobierno nacional la declaración de la emergencia.

Desde el sector ambiental alertan que la crisis se profundizó tras la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego en 2025. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, esa medida implicó la pérdida de un financiamiento específico y automático clave para la prevención y el combate de incendios. A esto se suma que el Presupuesto 2026 prevé una caída real del 71,6% en los recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En este contexto, organizaciones sociales y ambientales advierten que, detrás del ajuste fiscal, también existen intereses extractivos, en particular mineros, que desde hace años buscan avanzar sobre territorios de alto valor ambiental en la Patagonia, y denuncian que los incendios facilitan ese proceso en zonas devastadas.

Mientras tanto, el fuego continúa activo y el peso del combate sigue recayendo sobre brigadistas y bomberos exhaustos, con recursos limitados, que enfrentan una de las peores crisis ambientales de las últimas décadas.