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Mendoza se planta otra vez: una marea humana copó la Casa de Gobierno y le dijo no a la megaminería de Cornejo

Miles de mendocinos marcharon contra los proyectos mineros en Uspallata y Malargüe y exigieron derogar las leyes que los habilitan. Con el grito “el agua no se negocia”, desafiaron al gobernador y a su alianza con el Gobierno nacional.
Miles de personas provenientes de distintos puntos de Mendoza se movilizaron este martes hasta la Casa de Gobierno provincial para rechazar el avance de la megaminería metalífera impulsada por la gestión de Alfredo Cornejo. La protesta reclamó la derogación de las leyes 9.684 y 9.685, que aprobaron declaraciones de impacto ambiental para la mina San Jorge, en Uspallata, y para casi treinta proyectos mineros en Malargüe.
Desde las primeras horas de la mañana, asambleas ambientales, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados comenzaron a concentrarse en el centro mendocino. Banderas, pancartas y símbolos vinculados al cuidado del agua marcaron una movilización que se extendió por más de siete cuadras y que los manifestantes definieron como una acción histórica en defensa de un recurso vital.
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Familias enteras participaron de la marcha y destacaron el carácter colectivo y educativo de la protesta. Madres, padres y niños coincidieron en señalar que la defensa del agua es una causa que atraviesa generaciones en una provincia signada por la escasez hídrica. A lo largo del recorrido, la consigna “sin agua no hay vida” se repitió de forma constante.
La movilización comenzó cerca de las 10.30 en el Kilómetro Cero y avanzó por la avenida San Martín hasta la Casa de Gobierno, bajo un importante operativo policial. Durante el trayecto se escucharon cánticos, bombos, cacerolas y música de sikuris, mientras referentes de pueblos originarios aportaron una dimensión espiritual a la jornada.
El eje central del reclamo fue la defensa de la Ley 7.722, sancionada en 2007 tras una fuerte resistencia social y considerada por las asambleas como una herramienta clave para proteger el agua. Esa norma prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera, aunque la Legislatura provincial avaló los nuevos proyectos al interpretar que ciertos químicos no estarían alcanzados por la prohibición.
Los manifestantes cuestionaron el modelo de desarrollo promovido por el gobierno provincial y advirtieron sobre el impacto ambiental de la megaminería en un contexto de emergencia hídrica. Recordaron además que diversos estudios científicos, incluidos informes del Conicet, alertan desde hace años sobre la disminución sostenida de las reservas de agua en la región.
La protesta se desarrolló en un clima político atravesado por la alianza de Cornejo con el presidente Javier Milei y por el debate nacional en torno a posibles modificaciones a la Ley de Glaciares. Para las asambleas, Mendoza no puede convertirse en una zona de sacrificio ni poner en riesgo su principal recurso natural.
Durante la jornada también se celebró la liberación de dos manifestantes detenidos en protestas anteriores. Frente a la Casa de Gobierno, los cánticos contra el gobernador se intensificaron y, con el cierre de la movilización, volvió a quedar expreso un mensaje que se repite desde hace años en la provincia: el agua es identidad, presente y futuro, y no se negocia.

