El Senado se dispone a debatir una modificación sustancial de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010 para fijar presupuestos mínimos de protección sobre glaciares y ambiente periglacial. La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo se inscribe en los compromisos asumidos por la administración de Javier Milei con Estados Unidos en el marco de la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos.

El debate legislativo tiene como antecedente la firma, el 4 de febrero, del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, suscripto con el gobierno estadounidense. El documento expresa la intención de acelerar, simplificar o desregular los procesos de otorgamiento de permisos vinculados a la minería y al procesamiento de minerales considerados estratégicos, de acuerdo con las normativas internas de cada país.

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Según el texto del entendimiento bilateral, ambas partes buscarán agilizar los aspectos regulatorios necesarios para facilitar proyectos destinados a respaldar la fabricación de tecnologías avanzadas y equipamiento de defensa. En ese contexto, la reforma de la Ley de Glaciares aparece alineada con la estrategia oficial de garantizar el suministro de recursos clave para la industria tecnológica y militar en un escenario de competencia geoestratégica creciente.

Otro eje del acuerdo es la articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, herramienta que el Gobierno presenta como mecanismo para atraer capitales de gran escala. El instrumento contempla el aprovechamiento de políticas existentes para acelerar el aseguramiento del suministro de minerales críticos, en cooperación con Estados Unidos y otros países vinculados al Foro sobre Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos.

El proyecto remitido al Congreso propone que no todas las formaciones con hielo permanente cuenten automáticamente con el mismo nivel de protección. En lugar de un criterio uniforme de presupuestos mínimos, se otorgaría a las provincias la facultad de definir, bajo parámetros propios, qué zonas poseen relevancia hídrica. De prosperar, el cambio implicaría una modificación sustancial del esquema ambiental vigente desde 2010.

La norma original fue resultado de un proceso legislativo prolongado que incluyó un veto presidencial en su primera versión y posteriores debates hasta su aprobación definitiva. También fue objeto de cuestionamientos judiciales por parte de la provincia de San Juan y de la empresa Barrick Gold, que plantearon su inconstitucionalidad. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó esos planteos y confirmó la plena vigencia de la ley.

En aquella sentencia, los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti sostuvieron que los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben interpretarse de manera armónica, preservando un federalismo de concertación y el modelo ambiental establecido en la reforma constitucional de 1994.

Especialistas en derecho ambiental advierten que la reforma podría trasladar la definición técnica sobre qué constituye un glaciar o un ambiente periglacial protegido hacia decisiones de carácter político en el ámbito provincial. También señalan que el cambio podría debilitar el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que actualmente actúa como autoridad técnica en la materia.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa modificaciones en la normativa que regula la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras, eliminando límites previamente establecidos. Datos oficiales indican que ciudadanos y empresas de Estados Unidos concentran aproximadamente 2,7 millones de hectáreas en el país.

En el plano productivo, la discusión se vincula con proyectos de gran escala como Los Azules, El Pachón, MARA y Josemaría, promovidos por consorcios internacionales y respaldados por entidades financieras globales. El Gobierno apuesta a capitalizar la demanda internacional proyectada para el cobre y otros minerales críticos durante la próxima década.

Investigadores y organizaciones especializadas sostienen que el debate trasciende la cuestión minera y remite al modelo de desarrollo. Plantean que, sin exigencias precisas en materia de infraestructura, encadenamientos productivos y transferencia tecnológica, el esquema podría consolidar un patrón basado en la exportación primaria de recursos.

Con la reforma en tratamiento y los acuerdos internacionales ya suscriptos, la discusión se centra en el equilibrio entre atracción de inversiones, protección ambiental y alcance del federalismo en la gestión de recursos estratégicos. La votación prevista en el Senado se perfila como un punto de inflexión en esa disputa.