La Legislatura de Mendoza aprobó la ley que habilita la explotación de cobre del Proyecto San Jorge, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, en medio de una de las mayores protestas socioambientales de los últimos años. Miles de vecinos caminaron más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la capital provincial y fueron acompañados por columnas del Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. El oficialismo sancionó la iniciativa con 29 votos a favor, una abstención y solo seis rechazos.

Daniel Funes, integrante de la Asamblea por el Agua Pura, expresó su frustración ante el resultado y afirmó que la aprobación es un reflejo de “democracias enfermas”. Planteó que el Senado actuó en contra de la voluntad popular y cuestionó la brecha entre la representación legislativa y las demandas ciudadanas. Desde el Gobierno, la ministra de Energía, Jimena Latorre, aseguró que la norma “no es un cheque en blanco” y que la explotación deberá cumplir parámetros ambientales estrictos, pese a que el proyecto requiere un elevado consumo de agua en una provincia atravesada por la crisis hídrica.

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La protesta se centró en la defensa del agua y en las críticas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Diversas organizaciones sostienen que el informe es incompleto, contiene inconsistencias técnicas y desoye objeciones de organismos como el Conicet, la Universidad Nacional de Cuyo e instituciones religiosas. Según Funes, incluso legisladores oficialistas admitieron que “no están todos los elementos necesarios para una evaluación completa”, pero igualmente avanzaron con la aprobación.

Vecinos y ambientalistas recordaron los antecedentes negativos de la minería metalífera en la provincia. Señalaron el caso de Sierra Pintada, cuyo cierre dejó secuelas ambientales graves y cuya reapertura fue descartada por la Corte Suprema. Funes advirtió que un único emprendimiento como San Jorge podría comprometer el suministro de agua de más de 1.400.000 personas.

El clima social también estuvo marcado por el recuerdo de episodios de represión en manifestaciones anteriores. En octubre, dos manifestantes fueron detenidos durante 50 horas sin justificación clara, y videos registraron situaciones de violencia policial contra quienes reclamaban de manera pacífica.

Mientras el oficialismo sostiene que el proyecto traerá crecimiento económico y generación de empleo, las organizaciones ambientalistas cuestionan esas proyecciones. De acuerdo con los estudios oficiales, se crearían alrededor de 1200 puestos durante la construcción y unos 500 en la operación, cifras muy inferiores a los 5000 empleos prometidos por la empresa.

La aprobación llega en paralelo a debates a nivel nacional sobre posibles cambios en la Ley de Glaciares, una demanda impulsada por Cornejo y habilitada en las sesiones extraordinarias. Para los sectores ambientalistas, esta coyuntura confirma un retroceso en la protección de los bienes naturales esenciales.

El avance de la minería metalífera vuelve a profundizar la fractura social en Mendoza. Mientras el Gobierno celebra un supuesto impulso económico, miles de ciudadanos sienten que se abrió un nuevo conflicto en torno a un recurso que consideran irremplazable: el agua.