Río de Janeiro amaneció este martes bajo fuego. Desde la madrugada, helicópteros, drones y tanques policiales irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, dos bastiones históricos del narcotráfico en la zona norte de la ciudad. El operativo, uno de los más grandes de los últimos años, dejó 64 muertos —entre ellos cuatro policías—, 81 detenidos y 42 fusiles de guerra incautados.

La ofensiva, que movilizó a unos 2.500 efectivos de la Policía Militar, Civil y Federal, tenía como blanco a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, considerado el jefe del Comando Vermelho en el complejo de Penha. El criminal, acusado de homicidio, tráfico de drogas y tortura, es uno de los hombres más buscados de Brasil. Las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales por información que permita su captura.

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Durante el operativo, las calles fueron bloqueadas y los accesos a las favelas, completamente cerrados. Los enfrentamientos se extendieron durante horas, con ráfagas de disparos que obligaron a cientos de familias a refugiarse en sus casas. Escuelas y centros de salud suspendieron sus actividades, y el transporte público fue interrumpido en gran parte de la zona norte.

El gobernador Cláudio Castro calificó la operación como “una guerra contra el crimen” y aseguró que el Estado “no retrocederá ante las facciones”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron un uso desmedido de la fuerza y alertaron por posibles ejecuciones extrajudiciales.

Human Rights Watch recordó que un reciente proyecto de ley local propone recompensas a los policías por cada “criminal neutralizado”, lo que —según la organización— “incentiva los disparos en lugar de los arrestos”.

El Comando Vermelho, surgido en 1979 en una prisión de Río, controla vastas redes de narcotráfico, armas y lavado de dinero. Sus líderes mantienen influencia desde las cárceles, mientras las comunidades más pobres de la ciudad siguen atrapadas entre la violencia del crimen y la represión policial.

Expertos en seguridad advierten que, sin una presencia sostenida del Estado ni políticas de inclusión social, estas ofensivas se convierten en apenas una pausa en una guerra que parece no tener fin.