Tras los recientes comicios en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei redobló su ofensiva con una serie de medidas que apuntan a reformar el Estado, debilitar los derechos laborales y restringir aún más la protesta social. A través de un decreto publicado este jueves, el Gobierno introdujo fuertes limitaciones al derecho a huelga, al tiempo que prepara una ola de despidos en la administración pública y avanza con reformas sin debate parlamentario.

El nuevo decreto —presentado como parte de la desregulación de la marina mercante— impone condiciones que, en la práctica, hacen inviable el ejercicio del derecho a huelga en amplios sectores de la economía. Retomando aspectos del DNU 70/23 (declarado inconstitucional por la Justicia laboral), la norma obliga a garantizar un 75% de la actividad en los llamados “servicios esenciales”, como salud, transporte, energía, telecomunicaciones y educación. Además, introduce la figura de los “servicios de importancia trascendental”, con una cobertura mínima del 50%, que abarca desde bancos y laboratorios hasta hoteles, frigoríficos, y actividades mineras y agropecuarias.

Únete a nuestro Instagram https://www.instagram.com/almafuerteradio/ y accede a las noticias más relevantes

La definición de qué actividades entran en estas categorías quedará en manos de una “comisión de garantías” creada por el propio Poder Ejecutivo, con capacidad para ampliar la lista sin pasar por el Congreso. Sindicatos y organizaciones laborales advirtieron que se trata de una virtual proscripción del derecho a huelga y un intento de disciplinar la creciente conflictividad social. “El mensaje ya está dado”, aseguran: aunque el decreto sea judicializado, el objetivo inmediato es disuadir la protesta.

En paralelo, la Casa Rosada avanza con una poda masiva en el Estado. Tras haber degradado a secretarías las áreas de Derechos Humanos y Cultura, el Ejecutivo se prepara para una nueva fase de despidos bajo la bandera de la “reforma del Estado”. La medida se acompaña con un blanqueo de capitales sin ley —otra señal hacia los sectores más concentrados— y una flexibilización en las normas de tenencia de armas, en un guiño a los sectores libertarios más duros.

El endurecimiento del Gobierno también se evidenció en la represión frente al Congreso, que el miércoles dejó 82 heridos, entre ellos jubilados, manifestantes y trabajadores de prensa. La violencia policial volvió a mostrarse como herramienta de control social ante la falta de respuestas políticas. “La gente va a hacer algo antes de morirse de hambre”, dijo Milei en una frase que, lejos de calmar los ánimos, expone los riesgos de criminalizar la protesta en medio de un ajuste feroz.

El paquete de medidas se presenta como parte de una reconfiguración profunda del Estado argentino en línea con los intereses del capital financiero y los organismos internacionales. Pero también marca un punto de inflexión: según analistas políticos, el oficialismo empieza a alejarse del electorado popular que lo respaldó en las urnas y refuerza su alianza con sectores tradicionales del poder económico y mediático.

“La novedad de Milei empieza a parecerse demasiado a viejas recetas ya conocidas: ajuste, represión y privilegios para pocos”, advierten desde distintos sectores sociales. Y el recuerdo de crisis pasadas vuelve a sobrevolar: “cuando se acaban los derechos, se empieza a acabar el gobierno”.