García-Mansilla, quien había jurado en un acto reservado el pasado 27 de febrero, envió una carta al mandatario en la que justificó su aceptación del cargo por la "urgencia institucional" de cubrir vacantes en el máximo tribunal y defendió su actuación frente a las objeciones planteadas por la oposición respecto de su idoneidad moral. En ese sentido, aseguró que existen antecedentes históricos y jurisprudenciales que avalan los nombramientos en comisión, pese a haber sostenido en 2015 una postura contraria.

La dimisión se produjo en un contexto de creciente presión política y judicial. Horas antes, el Gobierno había presentado un per saltum ante la Corte para intentar revertir la cautelar que impedía su permanencia en el cargo, en un movimiento que en tribunales fue leído como un intento de sostener su nombramiento o facilitarle una salida decorosa.

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El viernes pasado, tras el rechazo de su pliego en el Senado por 51 votos, García-Mansilla dejó de asistir a su despacho en el Palacio de Tribunales, que había mandado a remodelar tras asumir. Aunque se especuló con que consultaría a sus colegas sobre su continuidad, finalmente no lo hizo. El único ministro de la Corte que se expresó públicamente fue Ricardo Lorenzetti, quien recordó que "nunca" aceptaría ser designado por decreto y calificó como "personal" la decisión del renunciante.

Durante su breve paso por el máximo tribunal, García-Mansilla firmó 214 fallos y más de 30 resoluciones administrativas. Ahora se prevén presentaciones para pedir la nulidad de esas decisiones. Entre sus intervenciones más controvertidas, votó a favor del rechazo de la licencia solicitada por Ariel Lijo —también designado en comisión—, avaló el sobreseimiento del juez Pedro Hooft, acusado de complicidad en delitos de lesa humanidad, y rechazó la calificación de travesticidio en el crimen de la activista trans Diana Sacayán.

El nombramiento de García-Mansilla había sido cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, que reclamaron su inconstitucionalidad. En su resolución, Ramos Padilla advirtió que las designaciones por decreto “comprometen la estructura del sistema democrático y republicano” al eludir los consensos previstos por la Constitución.

La breve gestión de García-Mansilla dejó tensiones internas en el máximo tribunal y reavivó el debate sobre la necesidad de respetar los procedimientos constitucionales para la designación de jueces de la Corte.