Detrás de la supuesta auditoría de pensiones por discapacidad que impulsa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se esconde una estrategia de ajuste que ya golpea a miles de personas en toda la Argentina. Según denuncian organizaciones sociales y familiares, el operativo no es un control administrativo, sino un filtro diseñado para recortar al menos 200 mil pensiones en 2025. Cartas documento enviadas a domicilios desactualizados, citaciones imposibles de cumplir, trámites inaccesibles para personas con discapacidad intelectual o visual y traslados de cientos de kilómetros configuran un escenario desesperante que crece cada día.

Carla, una mujer de 40 años que vive en San Miguel de Tucumán y padece síndrome de Prader Willi, recibió una carta de la ANDIS citándola a un nuevo examen médico. El problema: el aviso llegó a una dirección donde ya no vive. Su madre, Beatriz, relató la angustia que atraviesan: "Ahora no sabemos si le van a quitar la pensión por invalidez", y aseguró que hay "al menos 50 familias en igual situación" en su ciudad.

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El operativo, diseñado por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo –exabogado de Javier Milei–, genera caos en hospitales y centros de salud. La semana pasada, en la clínica Santa Clara de Morón, más de mil personas fueron citadas el mismo día. "Muchos se tuvieron que ir sin ser atendidos y no tienen otra fecha estimada para completar el examen", contó Nicolás Mazza, de la Asociación Civil Ideharcelas. Testigos describieron desmayos, gritos y escenas de extrema tensión. "No fue un error puntual, ni un desorden casual, el Gobierno está apelando al desgaste y al cansancio de la gente para que abandone el beneficio. Todo lo que estamos viviendo se puede resumir en una palabra: destrato", denunció Mazza.

Los atropellos se multiplican en todo el país. En el departamento 9 de Julio, Santa Fe, unas 1.500 personas deben viajar hasta 400 kilómetros para ser auditadas en Rafaela. En Salta, según ilustró el ministro de Salud Federico Mangione, pacientes deben recorrer hasta 900 kilómetros. En Formosa, la titular local de ANSES, Patricia Arias, ya habla abiertamente de una "ola de bajas masivas", mientras que en Mar del Plata, numerosos beneficiarios aseguran que fueron citados pero jamás atendidos.

El Gobierno blanqueó su intención de ajuste en el proyecto de Presupuesto 2025 y Spagnuolo justificó las auditorías diciendo que buscan detectar "irregularidades" en las pensiones otorgadas en años anteriores. Sin embargo, el operativo arrancó manchado por una fake news: una radiografía falsa de la cadera de un perro, que nunca fue utilizada para otorgar beneficios, pero que sirvió como excusa mediática para legitimar la ofensiva.

La logística tampoco ayuda. La empresa Andreani, contratada por más de 13 mil millones de pesos para distribuir las notificaciones, no tiene cobertura efectiva en barrios populares ni zonas rurales. Como consecuencia, miles de personas no reciben los avisos o los reciben vencidos, quedando automáticamente fuera del sistema. Además, las cartas no son accesibles para personas con discapacidad intelectual o visual, situación que llevó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a intervenir con una guía de asistencia.

El drama alcanza también a los hospitales de salud mental y los centros de día. En el Hospital Borda, en Buenos Aires, llegaron más de 50 citaciones con plazos ya vencidos. "Vienen pacientes con el alta que directamente notaron que no les depositaron la pensión y no saben qué hacer, a quién preguntar", relató un médico. En otros casos, las notificaciones llegan para personas que ya no residen en los establecimientos.

La falta de apoyos adecuados agrava aún más la situación para personas con discapacidad psicosocial. "En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, se les está mandando las notas sin ninguna mediación de apoyos o acompañamientos para que las personas comprendan qué es lo que se les está pidiendo, o para que puedan ser acompañadas a los turnos para el examen médico", advirtió Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Solo en el sur del conurbano bonaerense ya se detectaron más de 400 casos de este tipo.

La normativa que respalda el operativo también fue duramente cuestionada: el Gobierno reinstaló un decreto de 1997 y aprobó la resolución 187/2025, endureciendo los requisitos para otorgar pensiones y utilizando términos discriminatorios como "idiota" y "mogólico". Aunque Spagnuolo pidió "perdón" públicamente, la normativa sigue vigente.

La gravedad de la situación traspasó fronteras: durante el Global Disability Summit 2025 en Berlín, organizaciones de derechos humanos denunciaron en una carta abierta que el operativo de auditorías argentino "pretende reducir significativamente el número de pensiones", en lo que consideran un ataque brutal a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.