En un fallo que cambia el rumbo de una de las disputas judiciales más costosas para el país, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó que Argentina no deberá entregar las acciones de YPF ni otros activos mientras dure la apelación por la causa de expropiación. La medida deja sin efecto, al menos de manera temporal, la orden firmada el 30 de junio por la jueza Loretta Preska.

El Ministerio de Economía celebró la decisión y subrayó que el Gobierno de Estados Unidos podrá actuar como “amigo de la corte” en respaldo a la posición argentina. Desde la Procuración del Tesoro, conducida por Santiago Castro Videla, resaltaron que el fallo garantiza que la Nación conserve su control mayoritario en la petrolera, definida como un activo estratégico.

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La causa se remonta a 2012, cuando la administración de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de YPF. En septiembre de 2023, Preska condenó al país a pagar unos 18.000 millones de dólares a Burford Capital, empresa que compró los derechos de la demanda.

Con la nueva decisión, las acciones seguirán bajo resguardo en la Caja de Valores mientras se define la apelación. El 25 de septiembre está prevista la presentación de argumentos y, hacia fines de octubre, la primera audiencia sobre el fondo del caso. La resolución final podría conocerse a comienzos del próximo año.

La defensa argentina plantea que la condena viola el principio de inmunidad soberana, desconoce el comity o cortesía internacional, y que las acciones no se encuentran en Estados Unidos sino en territorio nacional. Además, su eventual venta requeriría la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que impide cualquier riesgo inmediato de pérdida de activos.

En paralelo, Burford continúa desplegando estrategias agresivas, como el intento de probar que YPF y el Estado argentino son “alter ego”, lo que permitiría avanzar sobre bienes de la petrolera. También solicitó acceder a comunicaciones privadas de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa, pedido que Preska ya autorizó.

Mientras los próximos pasos judiciales se acercan, el fallo de la Cámara representa un respiro político y económico para el Gobierno, que busca evitar un golpe histórico a la soberanía energética argentina.