La Corte Suprema de Justicia vivió una jornada atípica este jueves, cuando Manuel García Mansilla asumió su cargo en un acto secreto y sin testigos ajenos al Palacio de Tribunales. La ceremonia, que no contó con la difusión pública esperada, se llevó a cabo por decreto y sin el aval del Senado, como parte de una estrategia del presidente Javier Milei, quien también había propuesto la designación de Ariel Lijo. Sin embargo, solo García Mansilla pudo jurar este jueves, dejando a Lijo en una incertidumbre que se resolverá, al menos, hasta la semana próxima.

Fuentes judiciales señalaron que la decisión de tomar el juramento en secreto se debió a la posibilidad de que la Justicia pudiera emitir una medida cautelar que frenara el acto. Según trascendió, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, miembros de la Corte, se reunieron previamente para tomar la decisión en privado. La incorporación de García Mansilla al máximo tribunal refuerza su perfil conservador y genera aún más controversia en un clima de tensiones políticas.

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Manuel García Mansilla, quien asumió sin debate parlamentario, ha sido crítico en el pasado de las designaciones en comisión sin acuerdo del Senado, argumentando que tal procedimiento podría afectar la independencia judicial. Sin embargo, en su exposición ante la Cámara alta en agosto de 2023, aceptó la nominación y asumió el cargo sin mayores inconvenientes. Con estudios en la Universidad Austral y una trayectoria destacada en el sector privado, su nombramiento ha sido respaldado por grandes estudios de abogados y sectores empresariales. En su pasado, se pronunció en contra de la legalización del aborto y evitó pronunciarse sobre temas como el cambio climático o los decretos de necesidad y urgencia.

La espera de Lijo y las tensiones en la Corte

Por su parte, Ariel Lijo, quien también había sido designado por Milei, sigue sin una resolución definitiva sobre su futuro en la Corte. El juez federal no ha renunciado a su cargo y solicitó una licencia hasta noviembre, lo que ha generado tensiones internas dentro del tribunal. Su designación cuenta con el respaldo del Gobierno, que incluso evalúa invitarlo a la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, aunque su nombramiento sigue sin ser concretado.

La postergación de la decisión sobre Lijo mantiene a la Corte incompleta, en un contexto en el que el máximo tribunal se prepara para enfrentar casos de alta relevancia, como la revisión de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad. En tanto, el Gobierno sostiene que el nombramiento en comisión es constitucional, basado en el artículo 99 de la Constitución, mientras que la oposición cuestiona que tal figura se aplique a los jueces de la Corte Suprema.

Con una Corte aún incompleta y con la definición sobre Lijo suspendida, el futuro del máximo tribunal parece cada vez más incierto en un año clave para la política judicial del país.