Las petroleras Navitas y Rockhopper ratificaron que continuarán adelante con sus operaciones en las Islas Malvinas y con el desarrollo del proyecto Sea Lion, pese al anuncio del Gobierno argentino de endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización de la Argentina.

Las dos compañías, que participan del proyecto hidrocarburífero bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas que administran las islas, difundieron un comunicado conjunto en el que minimizaron el posible impacto de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.

En el documento, Navitas y Rockhopper sostuvieron que las autorizaciones para explorar y explotar los recursos naturales fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno británico de las islas y remarcaron que cuentan con el respaldo de Londres para continuar con sus actividades.

“No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”, señalaron las compañías al referirse a las medidas anunciadas por el Gobierno argentino.

La respuesta fue difundida después del mensaje que Milei brindó por cadena nacional, en el que anticipó una serie de acciones destinadas a incrementar la presión sobre las empresas que participen de actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

De esta manera, las compañías dejaron en claro que no prevén modificar, al menos por el momento, el rumbo del proyecto. Su posición se apoya en las licencias otorgadas por las autoridades británicas y coincide con la postura que históricamente sostiene el Reino Unido respecto de la administración y explotación de los recursos del archipiélago.

En los últimos días, además, funcionarios británicos rechazaron cualquier posibilidad de modificar la posición de Londres sobre las islas y remarcaron que la postura del Reino Unido respecto de la soberanía es “inamovible”.

Rockhopper, de origen británico, y Navitas, de capitales israelíes, volvieron así a quedar en el centro de la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las actividades económicas desarrolladas en las islas, particularmente por el avance de los proyectos hidrocarburíferos.

La legislación argentina ya contempla sanciones para las empresas que participen de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área en disputa sin autorización del Estado argentino. Rockhopper fue sancionada por la Argentina en 2013, mientras que Navitas recibió una sanción en 2022.

A pesar de esas medidas, ambas compañías continuaron desarrollando actividades en el archipiélago bajo las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas. La controversia volvió a cobrar fuerza con el avance de Sea Lion, uno de los principales proyectos de exploración hidrocarburífera de la zona.

Navitas posee una participación mayoritaria en el emprendimiento, mientras que Rockhopper participa como socia. Las compañías avanzaron durante los últimos años con las tareas necesarias para desarrollar el yacimiento y buscan completar el proyecto para pasar eventualmente a una etapa de producción.

Si la exploración resulta exitosa y el emprendimiento alcanza la fase de desarrollo comercial, comenzaría la extracción de petróleo en el área. Para la Argentina, esa posibilidad representa una nueva dimensión de la disputa por los recursos naturales de un territorio cuya soberanía reclama desde hace décadas.

El conflicto no se limita, además, a Navitas y Rockhopper. En la zona existen otras licencias de exploración vinculadas con compañías extranjeras, entre ellas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, por lo que las medidas anunciadas por el Gobierno podrían tener un alcance más amplio.

Durante su discurso, Milei anticipó que buscará impedir que las empresas involucradas en la explotación de recursos naturales en Malvinas puedan operar en el territorio continental argentino si no cuentan con autorización de la Argentina.

El Presidente también anunció que firmará un decreto para acelerar la aplicación de sanciones contra compañías relacionadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. Según explicó, las medidas podrían alcanzar no solamente a las empresas sino también a accionistas, directivos y proveedores vinculados con esos emprendimientos.

A su vez, el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley destinado a endurecer las penas para quienes participen de esas actividades. Entre las alternativas planteadas aparece la posibilidad de impedir que las compañías involucradas puedan operar en el territorio continental argentino y avanzar con procesos judiciales en ausencia.

La estrategia oficial también busca ampliar el alcance de las sanciones hacia otras actividades económicas desarrolladas en Malvinas, entre ellas la pesca, el turismo de cruceros y la producción ganadera.

El objetivo del Gobierno argentino es utilizar herramientas diplomáticas, económicas y legales para desalentar actividades que considera ilegítimas por desarrollarse en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa. Las empresas, en cambio, sostienen que sus operaciones cuentan con las autorizaciones correspondientes de las autoridades británicas.

La respuesta de Navitas y Rockhopper marca así un nuevo punto de tensión. Mientras el Gobierno de Milei busca reforzar la presión sobre las compañías y limitar sus posibilidades de operar en la Argentina continental, las petroleras aseguran que continuarán con el proyecto Sea Lion y que las medidas anunciadas no modificarán sus planes.

El futuro de la iniciativa podría convertirse en uno de los principales escenarios de la disputa por los recursos naturales de las islas. Si el proyecto avanza hacia la extracción comercial de petróleo, Argentina y el Reino Unido volverán a enfrentar una controversia que excede el ámbito diplomático y alcanza directamente los intereses económicos vinculados con el territorio en disputa.