La política tributaria del Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la discusión por el costo fiscal de las modificaciones aplicadas sobre Bienes Personales. Según una estimación del Instituto Argentina Grande, el Estado resignó $3,2 billones de recaudación, calculados a valores de junio de 2026, como consecuencia de la reducción de ese impuesto.

El dato adquiere especial relevancia cuando se lo compara con el ajuste presupuestario sufrido por otras áreas del Estado. De acuerdo con el mismo análisis, los recursos que se dejaron de recaudar por la reforma de Bienes Personales superan los $2,4 billones que las universidades nacionales habrían dejado de recibir durante un año.

Para los especialistas del instituto, la comparación permite dimensionar el impacto de la reforma tributaria. Según su interpretación, con los recursos que el Estado resignó por la reducción de Bienes Personales se podría haber cubierto el monto que, de acuerdo con sus cálculos, no llegó al sistema universitario y todavía habría quedado un excedente.

El debate, sin embargo, excede la discusión sobre una cifra puntual. El eje de la controversia está puesto también sobre quién soporta la mayor presión tributaria en la Argentina y cómo se distribuye la carga entre los distintos sectores de la sociedad.

Un análisis del centro Fundar citado en el informe sostiene que el decil de menores ingresos soporta una presión tributaria superior al 35 por ciento de sus ingresos, mientras que en el decil de mayores ingresos la carga se ubica por debajo del 25 por ciento. En términos proporcionales, esto implica que los hogares con menos recursos destinan una mayor parte de lo que ganan al pago de impuestos.

Una de las razones señaladas está relacionada con el peso de los impuestos indirectos, especialmente el Impuesto al Valor Agregado. Estos tributos se aplican sobre el consumo independientemente del nivel de ingresos, pero tienen un impacto proporcionalmente mayor sobre los hogares de menores recursos porque destinan una parte más elevada de sus ingresos a comprar bienes y servicios.

En ese esquema, los impuestos que gravan directamente la renta y el patrimonio tienen un peso menor. Bienes Personales ocupa allí un lugar particular porque alcanza directamente el patrimonio de las personas y, por ese motivo, es considerado uno de los instrumentos disponibles para incrementar la progresividad del sistema tributario.

Las modificaciones impulsadas durante la gestión de Milei redujeron precisamente esa carga. La Ley 27.743, sancionada en julio de 2024 como parte del paquete fiscal, elevó de manera significativa el mínimo no imponible y modificó las alícuotas correspondientes.

Para el período fiscal 2025, el mínimo no imponible pasó a $384,7 millones, frente a los $27,4 millones correspondientes al período fiscal 2023. La reforma también estableció una exención para la vivienda única de hasta $1.346,5 millones.

El esquema contempló además una reducción progresiva de las alícuotas. La tasa máxima, que anteriormente llegaba al 1,75 por ciento, comenzó a reducirse dentro de un cronograma que establece una tasa única del 0,25 por ciento para 2027.

A estas modificaciones se sumó el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que permitió a determinados contribuyentes adelantar el pago correspondiente a cinco períodos fiscales mediante una tasa del 0,45 por ciento y obtener estabilidad fiscal hasta 2038.

La reforma tributaria también alcanzó determinados bienes considerados de lujo. Desde abril de este año dejaron de aplicarse alícuotas que llegaban al 20 por ciento sobre productos como joyas, relojes, pieles y alfombras. También se modificaron los impuestos aplicados sobre determinados automóviles, embarcaciones deportivas o de recreo y aeronaves.

Para Fundar, estas modificaciones representan una oportunidad perdida para avanzar hacia un sistema tributario más progresivo. El argumento parte de una estructura en la que los impuestos al consumo tienen un peso considerable y donde, al mismo tiempo, se reduce la tributación sobre los patrimonios más elevados.

El Instituto Argentina Grande estimó que la reducción progresiva de Bienes Personales representó una pérdida de recaudación equivalente al 0,3 por ciento del Producto Bruto Interno en 2025 y al 0,4 por ciento en 2024. A ese impacto, según el mismo análisis, se sumó la eliminación del impuesto sobre determinados bienes de lujo, con un costo adicional equivalente al 0,1 por ciento del Producto Bruto Interno anual.

“Con los recursos de bienes personales que el gobierno de Milei decidió resignar, se podía garantizar el adecuado funcionamiento de las universidades públicas”, sostuvieron los especialistas del instituto.

La reducción de la recaudación tampoco impacta exclusivamente sobre las cuentas del Estado nacional. Una parte de los recursos provenientes de Bienes Personales se distribuye entre las provincias mediante el régimen de coparticipación, por lo que una menor recaudación también repercute sobre los fondos que reciben las jurisdicciones.

Según el informe del Instituto Argentina Grande, el 59 por ciento de la pérdida de recursos generada por la reducción de Bienes Personales es absorbida por las provincias. De esta manera, la modificación tributaria también tiene consecuencias sobre las cuentas de los gobiernos subnacionales.

El contraste entre el alivio fiscal aplicado sobre determinados patrimonios y las restricciones presupuestarias que atravesaron áreas como la educación universitaria alimenta una de las principales discusiones alrededor del programa económico del Gobierno: si la reducción de impuestos genera un beneficio generalizado o si termina favoreciendo de manera desproporcionada a quienes cuentan con mayor capacidad económica.

La discusión cobra mayor relevancia en un contexto donde los hogares de menores ingresos enfrentan una elevada presión tributaria en relación con sus recursos y donde los impuestos directos sobre la riqueza representan una proporción menor dentro del esquema de recaudación.

Los datos de Fundar y del Instituto Argentina Grande, de acuerdo con sus propias interpretaciones, muestran una estructura tributaria con un fuerte componente regresivo. En ese marco, la reducción de Bienes Personales aparece como una de las medidas más cuestionadas por quienes reclaman una mayor progresividad y una distribución diferente de la carga impositiva.

En definitiva, la discusión no se limita a los $3,2 billones que, según la estimación citada, el Estado dejó de recaudar. El debate de fondo apunta a determinar quién aporta más al financiamiento del Estado y quién recibe el mayor alivio cuando se reducen los impuestos.

Para los críticos del programa económico de Milei, la combinación entre menores tributos sobre los grandes patrimonios, una fuerte dependencia de los impuestos al consumo y el ajuste aplicado sobre distintas áreas públicas termina profundizando las desigualdades existentes. Para sus defensores, en cambio, la reducción de impuestos forma parte de una estrategia destinada a disminuir la presión tributaria y modificar la estructura fiscal del país.

La controversia, así, vuelve a poner a la política tributaria en el centro de la discusión económica argentina y abre un interrogante que excede cualquier balance fiscal: quién paga la cuenta del Estado y quién termina beneficiándose cuando esa cuenta se achica.