El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso bajo la lupa a seis empresas que ofrecen servicios financieros y billeteras virtuales a partir de 2.240 denuncias recibidas durante el primer semestre del año. Las actuaciones buscan determinar si existieron incumplimientos de las normas de Defensa del Consumidor, prácticas de hostigamiento y otras irregularidades vinculadas con el otorgamiento y cobro de créditos.

Las medidas fueron anunciadas por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quienes vincularon las investigaciones con el crecimiento del endeudamiento de las familias y las dificultades que atraviesan numerosos hogares para afrontar gastos cotidianos.

Las empresas alcanzadas por las actuaciones son Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Según explicó Costa, las denuncias fueron presentadas ante la Dirección de Defensa del Consumidor bonaerense durante los primeros seis meses del año y serán analizadas a través de expedientes administrativos.

Kicillof sostuvo que el problema del endeudamiento debe analizarse en un contexto económico más amplio y cuestionó que se considere exclusivamente como una relación comercial entre particulares y empresas financieras.

“En nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”, afirmó el gobernador.

El mandatario bonaerense señaló que una parte de las familias habría recurrido al crédito ante la imposibilidad de cubrir con sus ingresos habituales necesidades básicas como alimentos, medicamentos y alquileres.

“Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”, sostuvo.

En ese marco, Kicillof también cuestionó el crecimiento de las billeteras virtuales dentro del mercado financiero. Según planteó, estas plataformas dejaron de cumplir únicamente una función vinculada con los medios de pago y adquirieron un papel cada vez más importante en la oferta de préstamos.

“En este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas”, afirmó.

La Provincia busca ahora determinar bajo qué condiciones se ofrecen esos créditos y si los usuarios reciben información suficiente sobre las tasas de interés y el costo total que deberán afrontar antes de aceptar una operación.

Costa explicó que los expedientes iniciados incluyen pedidos de información a las empresas para conocer los criterios utilizados para establecer las tasas y la composición del costo financiero total de los préstamos.

“Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, señaló el ministro.

Otro de los puntos que serán analizados es el tratamiento que reciben los usuarios que se atrasan en el pago de sus obligaciones. Las autoridades bonaerenses buscarán determinar si se produjeron situaciones de acoso o hostigamiento durante los procesos de reclamo y cobranza.

Las empresas deberán presentar sus descargos y aportar la documentación solicitada por la autoridad de aplicación. A partir de esos elementos, la Provincia deberá establecer si las conductas denunciadas constituyen infracciones a la legislación vigente.

En caso de comprobarse irregularidades, las sanciones podrían ser significativas. Según explicó Costa, la normativa contempla multas de hasta 1.883 millones de pesos y la obligación de revertir los incumplimientos detectados.

“Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos”, sostuvo.

La investigación se desarrolla en un escenario en el que los préstamos de corto plazo adquirieron una importancia creciente para numerosos hogares. Cuando los ingresos resultan insuficientes para cubrir los gastos mensuales, el crédito puede convertirse en una herramienta para llegar a fin de mes, pero también generar una acumulación de cuotas e intereses que profundiza las dificultades financieras.

Desde la administración bonaerense remarcaron que la intención de las medidas no es impedir el acceso de las familias al financiamiento. El objetivo, según señalaron, es garantizar que los consumidores conozcan de manera clara las condiciones de los créditos y que las empresas respeten las obligaciones establecidas por las normas de protección al consumidor.

El ministro Costa también aprovechó el anuncio para marcar diferencias con la política económica del Gobierno nacional y reivindicar el rol de la Provincia en la protección de los usuarios de servicios financieros.

“El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos”, afirmó.

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió en cada uno de los casos denunciados y si las empresas incurrieron efectivamente en prácticas contrarias a la legislación. También se deberá establecer si las condiciones de los préstamos fueron informadas correctamente y si los mecanismos utilizados para reclamar el pago respetaron los derechos de los consumidores.

El proceso administrativo podría derivar en multas y en la obligación de modificar o revertir determinadas prácticas si las autoridades bonaerenses comprueban las irregularidades denunciadas.

Del anuncio participaron también el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi.

Con estas actuaciones, la Provincia busca intervenir sobre uno de los efectos más visibles del deterioro de los ingresos: el crecimiento de hogares que recurren al crédito para cubrir gastos básicos y terminan atrapados entre cuotas, intereses y atrasos. La investigación sobre las seis empresas determinará ahora si, además de las dificultades económicas, existieron prácticas empresariales que agravaron la situación de los usuarios.