La oposición en la Cámara de Diputados formalizó el pedido de una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14, con un temario que reúne tres iniciativas de fuerte impacto político y social. El listado incluye el tratamiento del DNU 70/23, vinculado con la derogación de la Ley de Tierras, la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad y un proyecto relacionado con el endeudamiento de las familias.

La solicitud fue presentada con la firma de 32 diputados pertenecientes a ocho bloques. Entre los espacios que acompañaron la convocatoria se encuentran Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia.

El debate sobre las tierras rurales volvió a ocupar un lugar central después del reciente fallo de la Corte Suprema relacionado con el artículo 154 del DNU 70/23. Esa disposición derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, que establecía límites para la titularidad extranjera de determinados inmuebles rurales.

Los bloques que impulsan la sesión buscan avanzar con el tratamiento del decreto en la Cámara baja y plantear su rechazo. El Senado ya había rechazado el DNU en 2024, pero para que un decreto de necesidad y urgencia quede definitivamente sin efecto es necesario que también sea rechazado por la Cámara de Diputados.

La convocatoria se produce además luego de la decisión de la Corte Suprema que volvió a poner el régimen de tierras rurales en el centro de la discusión. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, sino que resolvió sobre aspectos vinculados con la legitimación de la organización que había promovido la acción judicial contra esa disposición.

El segundo eje del temario estará relacionado con el endeudamiento familiar. El proyecto propone establecer herramientas para atender situaciones de sobreendeudamiento de los hogares e incluye medidas vinculadas con mecanismos de refinanciación, tasas de interés, tarjetas de crédito y protección de los consumidores.

La iniciativa llegó a esta instancia después del tratamiento de diferentes propuestas en las comisiones de la Cámara baja. El objetivo planteado es establecer mecanismos que permitan abordar las dificultades financieras de familias que acumulan deudas y encuentran obstáculos para afrontar sus compromisos.

El tercer punto será la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad. La propuesta contempla extender la vigencia de la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027, con medidas relacionadas con las prestaciones básicas, el financiamiento del sistema y la situación de los prestadores.

Entre los diputados que firmaron la solicitud aparecen Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Gustavo Bordet, Vanesa Siley, Eduardo Valdés, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Itai Hagman y Diego Giuliano, entre otros integrantes de Unión por la Patria.

Por Provincias Unidas acompañaron Martín Lousteau, Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Pablo Juliano, Esteban Paulón y Pablo Farías. También suscribieron el pedido Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica.

El Frente de Izquierda aportó las firmas de Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano. También respaldaron la convocatoria Marcela Pagano, de Coherencia; Jorge Fernández, de Primero San Luis; y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.

Ahora, el principal desafío para los impulsores de la sesión será reunir el quórum necesario para abrir el debate. La Cámara de Diputados necesita la presencia de 129 legisladores para iniciar una sesión, por lo que los bloques que firmaron la convocatoria deberán conseguir el acompañamiento de otros diputados que no suscribieron el pedido.

De acuerdo con los números difundidos sobre la composición de las bancadas que respaldaron la solicitud, los ocho bloques reúnen 122 diputados. Esto significa que todavía serían necesarios otros legisladores para alcanzar el número requerido para iniciar la sesión.

La asistencia efectiva al recinto será, por lo tanto, uno de los puntos centrales de la jornada. El pedido formal no garantiza por sí mismo que el debate pueda comenzar, ya que será necesario alcanzar el número de legisladores presentes al momento de la apertura.

La fecha elegida también coincide con una nueva movilización universitaria, por lo que el 15 de octubre podría concentrar una intensa actividad tanto dentro del Congreso como en las calles.

De esta manera, los bloques que impulsan la convocatoria buscan llevar al recinto en una misma jornada tres discusiones que atraviesan distintas áreas de la agenda pública: la vigencia del DNU 70/23 y el régimen de tierras rurales, la situación de las personas con discapacidad y las herramientas para enfrentar el endeudamiento de los hogares.