El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de deterioro durante mayo y profundizó una tendencia que se extiende desde hace meses. El empleo registrado cayó por tercer mes consecutivo y el trabajo asalariado privado acumula ya un año de contracción, mientras el impacto comienza a sentirse con mayor intensidad en el sector industrial, donde se multiplican los despidos, las suspensiones, los cierres de plantas y las reducciones de personal.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino procesados por la Secretaría de Trabajo, en mayo se contabilizaron 12.785.600 trabajadores registrados, frente a los 12.797.600 registrados durante abril. En mayo de 2025, en tanto, el número alcanzaba los 12.861.000 trabajadores. La comparación interanual representa una reducción de aproximadamente 110.000 puestos de trabajo registrados.

Si se toma como punto de partida diciembre de 2023, cuando comenzó la actual gestión de Javier Milei, la pérdida acumulada ronda los 411.600 puestos registrados. Paralelamente, más de 30.000 empresas dejaron de operar, según un informe elaborado por Fundar. El Centro de Economía Política Argentina calculó que ese proceso representa un promedio de 33,5 empresas cerradas por día.

El empleo asalariado privado también continuó retrocediendo. En mayo se registró una disminución de 0,1 por ciento respecto de abril, equivalente a unos 9.000 puestos menos en un solo mes. Aunque la caída fue menor que la registrada en marzo, cuando había alcanzado el 0,2 por ciento, y en abril, cuando llegó al 0,3 por ciento, el dato todavía no permite hablar de una recuperación sostenida del mercado laboral.

Según las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, desde noviembre de 2023 se eliminaron alrededor de 450 puestos de trabajo por día. El retroceso se concentra principalmente en el empleo asalariado privado, mientras algunas modalidades de registración muestran incrementos que no llegan a compensar las pérdidas producidas en las relaciones laborales de dependencia.

Uno de los datos que el Gobierno nacional presenta como una señal positiva es el crecimiento del monotributo. Durante mayo se incorporaron alrededor de 2.700 trabajadores bajo esa modalidad, lo que representó un aumento mensual de 0,1 por ciento. En la comparación interanual, el crecimiento superó los 42.000 registros.

También se produjo un incremento de 0,3 por ciento en el empleo registrado en casas particulares, con unos 1.400 nuevos registros durante mayo. Sin embargo, el Centro de Economía Política Argentina señaló que desde el comienzo del período analizado el sector acumula una pérdida de 30.133 puestos, equivalente a más de 33 empleos menos por día.

El comportamiento de las distintas modalidades laborales evidencia un cambio en la composición del mercado de trabajo. Mientras el empleo asalariado privado continúa perdiendo puestos, crecen algunas alternativas de registración que no necesariamente ofrecen las mismas condiciones de estabilidad e ingresos. Para una parte de los trabajadores, estas modalidades aparecen como una salida frente a la menor disponibilidad de empleos tradicionales.

Los primeros indicadores correspondientes a junio tampoco muestran, por el momento, un cambio significativo en la tendencia. La Encuesta de Indicadores Laborales, que releva el comportamiento de empresas ubicadas en los principales centros urbanos, volvió a registrar una disminución del empleo asalariado formal y mantiene abierta la discusión sobre la capacidad de la economía para generar nuevos puestos de trabajo.

El deterioro de las estadísticas laborales encuentra un correlato cada vez más visible en la industria. Durante las últimas semanas se multiplicaron los conflictos en empresas de distintos rubros, con despidos, cierres de establecimientos, suspensiones y programas de reducción de personal.

Uno de los casos más recientes se produjo en Granja Tres Arroyos. La planta ubicada en Concepción del Uruguay dejó de producir en mayo y posteriormente fueron despedidos 255 trabajadores sobre una dotación cercana a 700 empleados. La compañía atribuyó la decisión a una combinación de factores que incluyó menores exportaciones, sobreoferta en el mercado interno y un incremento de los costos.

Los sindicatos rechazaron la decisión y cuestionaron que los trabajadores fueran utilizados como variable de ajuste. En medio del conflicto también denunciaron atrasos en el pago de salarios, mientras se intenta determinar el futuro de una de las principales plantas avícolas de la región.

Otro foco de tensión apareció en Tierra del Fuego, donde Mirgor anunció la desvinculación de 300 trabajadores de su planta de Río Grande. La empresa relacionó la medida con las acciones gremiales impulsadas por la Unión Obrera Metalúrgica y sostuvo que los despidos no respondían a una caída de la actividad productiva.

Frente al conflicto, el Gobierno de Tierra del Fuego dictó una conciliación obligatoria por 15 días. La medida suspendió las desvinculaciones y abrió una instancia de negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores con el objetivo de intentar preservar los puestos laborales.

En Mendoza, otro de los casos que generó preocupación fue el cierre de la histórica planta de Unilever ubicada en Corralitos, Guaymallén. El establecimiento llevaba 62 años de actividad y producía vegetales deshidratados utilizados en productos de la marca Knorr. El cierre significó la pérdida de aproximadamente 60 puestos de trabajo.

La compañía continuará comercializando sus productos en el mercado argentino, pero parte de la producción que anteriormente se realizaba en el país será reemplazada por bienes importados. La decisión volvió a poner en discusión el impacto de una mayor competencia externa sobre determinadas ramas de la industria nacional.

La industria textil atraviesa un escenario similar. Will Der cerró sus plantas de General Pacheco y Las Flores y dejó sin empleo a unos 120 trabajadores. La compañía fabricaba indumentaria deportiva para marcas internacionales y ya había comenzado a reducir su dotación desde 2023.

El sector trabaja actualmente con menos del 45 por ciento de utilización de su capacidad instalada, según los datos consignados en el informe. La combinación de una menor demanda interna, el crecimiento de las importaciones y las dificultades para sostener los costos productivos profundizó la situación de numerosas empresas textiles.

Durante una comunicación con trabajadores, uno de los empresarios vinculados con la compañía expresó su malestar por el escenario económico y afirmó: “Créanme, la política nos hundió”. Luego agregó: “Piensen la próxima vez que voten”.

La crisis industrial también alcanzó a Córdoba. Metalfor, perteneciente al grupo Bertotto Boglione, resolvió abandonar la producción en su planta de Noetinger y comenzó a trasladar maquinaria hacia otros establecimientos.

La compañía también busca reducir aproximadamente 60 por ciento de la dotación de su fábrica ubicada en Marcos Juárez. La propuesta contempla la desvinculación de 225 trabajadores sobre una plantilla total de 375 empleados.

Metalfor solicitó además la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis y reconoció un pasivo financiero superior a 52.000 millones de pesos con más de 20 entidades bancarias y crediticias. A ese escenario se sumaron atrasos en el pago de salarios y un proceso de reducción de personal que provocó un fuerte conflicto con los trabajadores.

El conflicto había comenzado semanas antes, cuando 35 empleados fueron despedidos durante el desarrollo de un partido de la Selección argentina en el Mundial. La propia empresa había permitido previamente que los trabajadores se retiraran antes de sus puestos para poder observar el encuentro.

Ahora, Metalfor propuso acuerdos de extinción del vínculo laboral que contemplan una combinación de pagos en efectivo y entrega de maquinaria y herramientas. De acuerdo con la propuesta denunciada por los trabajadores, solamente el 30 por ciento de las indemnizaciones sería abonado en dinero, mientras que el resto se pagaría en 18 cuotas.

La sucesión de conflictos se produce mientras el empleo asalariado privado acumula 12 meses consecutivos de contracción. Al mismo tiempo, la industria mantiene elevados niveles de capacidad ociosa y distintas compañías avanzan con reducciones de estructuras, cierres de establecimientos o reemplazo de producción nacional por bienes importados.

La política económica del Gobierno de Javier Milei apuesta por una mayor apertura comercial y por la competencia externa como mecanismos para modificar y reorganizar el aparato productivo. Desde el oficialismo sostienen que ese proceso permitirá avanzar hacia una economía más competitiva, eficiente y con menores costos.

El problema es que, mientras esa transformación se desarrolla, sus efectos sobre el mercado laboral ya son visibles. Menos trabajadores registrados, una contracción prolongada del empleo asalariado privado y una creciente cantidad de empresas que reducen sus estructuras o abandonan determinadas actividades configuran un escenario complejo para la industria.

La discusión sobre el rumbo económico queda así atravesada por una tensión central: mientras el Gobierno sostiene que la apertura y la reorganización productiva son necesarias para mejorar la competitividad, los indicadores laborales y los conflictos empresariales muestran un costo inmediato en términos de puestos de trabajo y actividad industrial.

Con nuevos cierres, despidos y reducciones de personal en distintos puntos del país, el mercado laboral continúa buscando un piso que todavía no aparece con claridad. Y mientras las empresas redefinen sus estructuras para enfrentar el nuevo escenario, miles de trabajadores quedan en el medio de una transformación cuyo impacto sobre el empleo formal continúa profundizándose.