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FLYBONDI EN JAQUE: embargos, vuelos cancelados y una rebelión de trabajadores

Por: Carlos Rodriguez

La aerolínea enfrenta un embargo por una deuda tributaria que supera los 1.440 millones de pesos, reclamos por salarios e indemnizaciones y restricciones para operar en Brasil. Este viernes, trabajadores despedidos y empleados se movilizan frente al Aeroparque.

Flybondi atraviesa uno de los momentos más delicados desde el comienzo de sus operaciones. La aerolínea acumula conflictos en distintos frentes: un embargo judicial por una millonaria deuda tributaria, reclamos de trabajadores por salarios e indemnizaciones, cancelaciones de vuelos y restricciones que terminaron dejándola temporalmente fuera del mercado brasileño.

El frente financiero es uno de los principales problemas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero inició una ejecución fiscal que derivó en el embargo de cuentas bancarias de la compañía. La medida fue dispuesta por los juzgados federales en Ejecuciones Fiscales Tributarias números 1, 2 y 3.

Los tribunales aclararon que se trata de una medida cautelar dentro de una ejecución fiscal y que el embargo no implica automáticamente la suspensión de las operaciones de la aerolínea.

La deuda reclamada asciende a 1.256.469.707,31 pesos antes de los intereses. Dentro de ese monto, el principal componente corresponde a retenciones del impuesto a las ganancias, por 915.238.669,21 pesos.

A esa suma se agregan 207.932.266,08 pesos correspondientes a retenciones del impuesto al valor agregado y otros 133.298.772,02 pesos vinculados con bienes personales.

Con los intereses, calculados en un 15 por ciento, el monto total reclamado alcanza los 1.444.940.163,41 pesos. La situación financiera de la empresa, además, incluye otros compromisos pendientes con proveedores y obligaciones vinculadas con impuestos provinciales.

El escenario también se complicó en el frente laboral. La compañía inició durante los últimos meses un proceso de reducción de personal que llevó a una fuerte disminución de su estructura. A comienzos de año contaba con alrededor de mil empleados y actualmente la cantidad se habría reducido a unos 300 trabajadores.

Los empleados que continúan en la empresa denuncian atrasos en el pago de salarios correspondientes a junio y julio, además de incumplimientos relacionados con el aguinaldo. La situación también alcanza a trabajadores que fueron desvinculados y que todavía esperan cobrar indemnizaciones o cuotas correspondientes a acuerdos de retiro.

En marzo, Flybondi había iniciado un proceso de reducción de personal y había argumentado que atravesaba “problemas financieros graves”. A varios trabajadores se les ofreció un programa de retiro voluntario que contemplaba el pago de las sumas acordadas en tres cuotas.

Sin embargo, algunos de los empleados que aceptaron ese mecanismo denuncian que la compañía comenzó a incumplir los compromisos asumidos.

Franco, un extripulante de cabina de Flybondi que habló con Radio 750 y pidió mantener en reserva su apellido por razones de seguridad, aseguró que “en algunos casos sí se cobraron, quizás la primera, incluso como mucho la segunda cuota, pero la empresa ya empezó a incumplir”.

“Yo cumplía la función de tripulante de cabina. A mí lo que me corresponde, como a tantos otros compañeros, es la indemnización por despido sin causa”, relató.

El trabajador también denunció situaciones de tensión dentro de la compañía a partir de los reclamos de los empleados. “Cuando empezamos a reclamarle que actúen frente a este tipo de inacción por parte de la empresa, empezaron a identificar a los que estaban reclamando para ser los primeros desvinculados”, afirmó.

A la conflictividad laboral se sumó otro problema relacionado con la cobertura médica. Desde el jueves 6 de agosto, la falta de pago de aportes habría dejado sin cobertura a empleados que todavía permanecen en la empresa y también a trabajadores que fueron desvinculados durante el proceso de reducción de personal.

En paralelo, la situación operativa de Flybondi comenzó a deteriorarse de manera visible. La aerolínea dejó de operar en Brasil después de una serie de restricciones impuestas por la Agência Nacional de Aviação Civil de ese país.

En julio, el organismo regulador brasileño había limitado la comercialización de nuevos pasajes hacia determinados destinos y establecido un plazo para que la compañía implementara cambios que le permitieran mantener sus operaciones hacia y desde Río de Janeiro.

Las dificultades no fueron solucionadas dentro de los plazos establecidos y desde el 11 de agosto Flybondi tampoco puede operar hacia Río de Janeiro, que era el único destino brasileño que todavía mantenía. De esta manera, la empresa quedó temporalmente sin vuelos en Brasil.

La situación generó cuestionamientos también en Argentina debido a que, mientras el organismo regulador brasileño aplicó restricciones, la Administración Nacional de Aviación Civil no tomó hasta el momento una medida equivalente que impida a la compañía continuar comercializando vuelos dentro del país.

Los problemas operativos también se reflejaron en las cancelaciones y demoras. Según el sitio Failbondi.fail, el último vuelo de la empresa habría despegado el 5 de agosto. Un día antes, un servicio programado entre Santiago del Estero y Buenos Aires sufrió una demora de casi nueve horas. De los 11 vuelos comercializados para esa jornada, solamente dos llegaron a despegar.

El diputado Esteban Paulón cuestionó la respuesta de las autoridades argentinas y vinculó la situación con los presuntos vínculos del empresario Leonardo Scaturicce con sectores cercanos al Gobierno nacional.

“Es un empresario ex agente de inteligencia, actual lobbista, o hasta hace algunos meses lobbista para el gobierno de Argentina en Estados Unidos ante distintos organismos”, sostuvo el legislador.

Paulón consideró que esa situación “le da una cobertura de impunidad muy importante, que hace que la ANAC no tome ninguna medida al respecto de los permanentes incumplimientos que tiene la aerolínea”.

Scaturicce adquirió Flybondi en junio del año pasado y posteriormente quedó involucrado en una polémica relacionada con un avión de su propiedad que arribó al país desde Miami sin ser revisado por la Aduana.

El episodio generó repercusiones políticas y puso bajo atención las actividades empresariales del propietario de la aerolínea. Posteriormente también se conoció que OCP, una de las empresas vinculadas con Scaturicce, recibió contratos del Ministerio de Economía por montos superiores a los mil millones de pesos.

Entre esos acuerdos se incluyeron tareas relacionadas con la protección de los correos electrónicos del organismo y posteriormente la provisión de un clúster de servidores.

El empresario también fue señalado como uno de los vínculos entre Javier Milei y la Conferencia de Acción Política Conservadora, una organización de fuerte presencia entre sectores conservadores de Estados Unidos.

En este contexto, Paulón cuestionó el funcionamiento de Flybondi desde el cambio de propietario y realizó una dura acusación sobre el modelo comercial de la compañía.

“La operación de Flybondi, desde que la tomó Scaturicce, se parece más a una estafa piramidal que a una operación de una aerolínea, porque hay un mecanismo en el cual la empresa recauda dinero en grandes cantidades vendiendo vuelos que después no realiza”, afirmó.

El diputado sostuvo además que el porcentaje de cancelaciones “fue creciendo mes a mes” y señaló que, cuando se producía una devolución de dinero a los pasajeros, esta podía concretarse dos o tres meses después.

“Por lo tanto, había ahí un trabajo del dinero, como una bicicleta financiera, se utilizaba el dinero para invertirlo, obtener una ganancia, y después se volvía a volcar a los usuarios. Básicamente, se hace un préstamo compulsivo, una operación compulsiva de mercado de capitales, sobre el pretexto de los viajes”, sostuvo.

Las declaraciones forman parte de un reclamo político que ya había comenzado meses atrás. En enero, Paulón presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para analizar el funcionamiento de la aerolínea y determinar eventuales responsabilidades frente a los incumplimientos denunciados.

El legislador también planteó que las comisiones de Transporte y Defensa de la Competencia deberían avanzar con un dictamen que permita establecer eventuales sanciones.

“La lógica sería que las comisiones de Transporte y Defensa de la Competencia, que es a donde fue girado ese informe, emitan un dictamen y soliciten que se le suspenda la licencia, o a lo sumo, que no le permitan operar”, señaló.

Mientras se acumulan las denuncias y los cuestionamientos, los trabajadores decidieron llevar el reclamo a la calle. Empleados despedidos y trabajadores que continúan en la empresa se movilizarán este viernes 14 de agosto desde las 11 frente al Monumento a Cristóbal Colón, en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery.

La protesta tiene como principales reclamos el pago de salarios atrasados, el cumplimiento de los acuerdos de desvinculación y el pago de las indemnizaciones pendientes.

El conflicto deja así a Flybondi enfrentando simultáneamente varios frentes: una deuda tributaria que supera los 1.440 millones de pesos con intereses, un embargo judicial, reclamos por salarios e indemnizaciones, una fuerte reducción de su plantilla, cancelaciones y demoras de vuelos y restricciones para operar en Brasil.

La Justicia deberá determinar el alcance de las obligaciones tributarias reclamadas y la empresa deberá responder también ante los reclamos laborales. En paralelo, las autoridades aeronáuticas deberán evaluar la situación operativa y el cumplimiento de las condiciones necesarias para que la compañía pueda continuar prestando sus servicios.

Por ahora, la crisis financiera y operativa ya tiene consecuencias concretas para trabajadores y pasajeros. Y la movilización prevista para este viernes promete sumar un nuevo capítulo a una situación que dejó de ser solamente un problema interno de la aerolínea para convertirse en un conflicto que involucra al sistema aerocomercial, a los organismos reguladores y al Gobierno nacional.

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