La inflación volvió a darle un golpe al bolsillo de los argentinos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 2,1 por ciento en julio, un dato que interrumpió la tendencia de desaceleración de los tres meses anteriores y volvió a poner el costo de vida en el centro de la discusión económica.

Con el resultado de julio, la inflación acumulada durante los últimos doce meses llegó al 33,8 por ciento. Aunque el Gobierno de Javier Milei sostiene que la situación inflacionaria mejoró sustancialmente respecto de los niveles registrados durante los primeros meses de su gestión, los nuevos números muestran que los precios continúan aumentando y que la estabilización todavía no se traduce en una recuperación contundente del poder adquisitivo.

El dato mensual adquiere especial importancia porque se conoce en un contexto en el que los hogares continúan enfrentando aumentos en distintos gastos cotidianos, mientras los ingresos de trabajadores y jubilados deben intentar acompañar una estructura de precios que ya quedó muy por encima de los niveles de años anteriores.

Durante julio, la división que registró el mayor incremento fue Recreación y Cultura, con una suba de 5 por ciento. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y Hoteles, con un aumento de 2,8 por ciento.

Bebidas Alcohólicas y Tabaco, por su parte, registró una variación de 1,5 por ciento, mientras que Prendas de Vestir y Calzado presentó una disminución de 1,5 por ciento.

Pero detrás del porcentaje general existe otro indicador que permite dimensionar con mayor precisión el impacto de la inflación sobre los hogares: el costo de las canastas básicas.

Según los datos oficiales, una familia integrada por cuatro personas necesitó durante julio $1.564.716 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total y no quedar por debajo de la línea de pobreza. Ese valor representa un incremento de 2,2 por ciento respecto de junio y una suba interanual de 36,1 por ciento.

El número vuelve a poner en evidencia una de las principales contradicciones del escenario económico actual. La inflación mensual se encuentra muy lejos de los niveles de aceleración registrados durante la crisis de finales de 2023 y comienzos de 2024, pero los precios no bajan: continúan aumentando sobre una base que ya acumula fuertes incrementos.

Para las familias, la diferencia no es solamente estadística. Una inflación del 2,1 por ciento significa que el costo de los bienes y servicios volvió a aumentar durante el mes. Y cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo, cada nuevo incremento obliga a modificar el presupuesto familiar, reducir consumos o postergar gastos.

El impacto se vuelve todavía más significativo en los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción mayor de sus recursos a alimentos, transporte, alquileres y servicios básicos. Para esos sectores, la evolución de la inflación continúa siendo determinante para definir cuánto pueden comprar con sus ingresos.

La desaceleración de los precios tampoco implica una recuperación automática del poder adquisitivo. Que la inflación sea menor significa que los precios aumentan más lentamente, pero no que regresen a los valores anteriores. El nivel alcanzado por alimentos, servicios y otros bienes permanece como una de las principales dificultades para los hogares.

El escenario se desarrolla además mientras distintos sectores de la economía todavía intentan recuperarse del fuerte ajuste implementado por la administración nacional. El consumo permanece bajo presión y numerosas actividades enfrentan dificultades para recomponer ventas y niveles de producción.

Las expectativas del mercado también constituyen un elemento de atención para los próximos meses. El Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central había proyectado una inflación cercana al 2 por ciento para julio y estimaba inicialmente un registro de alrededor de 1,8 por ciento para agosto.

Sin embargo, las previsiones fueron modificándose y comenzaron a ubicarse por encima de las estimaciones iniciales. Entre los factores que podrían ejercer presión sobre los precios aparecen la evolución de los combustibles, el transporte, las tarifas y la reducción de subsidios.

El comportamiento del tipo de cambio será otro de los elementos determinantes. Una eventual aceleración del dólar puede trasladarse a los precios de productos con componentes importados y también impactar indirectamente sobre diferentes cadenas de producción y comercialización.

Para el Gobierno, el nuevo dato representa un desafío político y económico. La reducción de la inflación constituye uno de los principales argumentos utilizados por la administración de Milei para defender su programa económico. Por eso, cualquier interrupción en la tendencia descendente adquiere una relevancia mayor.

El 2,1 por ciento de julio continúa siendo significativamente inferior a los registros de la etapa de mayor aceleración inflacionaria, pero también demuestra que el problema no está resuelto. Los precios siguen subiendo y el costo de vida continúa acumulando aumentos que afectan especialmente a quienes tienen ingresos más ajustados.

La cifra de la Canasta Básica Total ofrece una dimensión todavía más concreta. Una familia de cuatro integrantes necesitó más de 1,56 millones de pesos durante un solo mes para no quedar por debajo de la línea de pobreza, un monto que vuelve a poner en discusión la relación entre salarios, jubilaciones, empleo y costo de vida.

Así, el debate económico vuelve a superar la discusión sobre unas pocas décimas del índice mensual. Detrás del 2,1 por ciento de julio aparece una pregunta mucho más difícil para el Gobierno: cuándo la estabilización de los precios comenzará a sentirse realmente en los bolsillos y permitirá que las familias recuperen capacidad de consumo después de años de pérdida de poder adquisitivo.