El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés político en el Senado durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Luego de retirar el capítulo vinculado con la Ley de Tierras, el oficialismo también decidió eliminar las modificaciones previstas para la Ley de Manejo del Fuego ante la imposibilidad de reunir los apoyos necesarios para aprobarlas.

Pese a las dos concesiones realizadas durante la jornada, La Libertad Avanza logró obtener la media sanción del proyecto en general con 37 votos afirmativos y 33 negativos. Sin embargo, la aprobación llegó con un texto considerablemente reducido respecto de la iniciativa original impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La sesión estuvo atravesada por una fuerte tensión política dentro del recinto y una multitudinaria movilización en las inmediaciones del Congreso. Organizaciones sindicales, sociales, ambientales y políticas se concentraron para rechazar distintos puntos del proyecto, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo que terminó con incidentes, heridos y detenidos.

Antes del inicio del debate, Unión por la Patria cuestionó la forma en que llegó el nuevo dictamen al Senado y reclamó que el proyecto regresara a comisión para ser analizado nuevamente. Desde el bloque opositor denunciaron que el texto había sido entregado apenas una hora antes de la sesión.

"Se recibió el supuesto despacho a las 11.45. Yo me enteré de casualidad", afirmó el presidente del interbloque peronista, José Mayans, al cuestionar el procedimiento. Sin embargo, el pedido para devolver el expediente a comisión fue rechazado por 38 votos contra 31 y el oficialismo logró avanzar con el tratamiento.

El primer retroceso del Gobierno había ocurrido horas antes, cuando decidió eliminar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y ampliaba las posibilidades de compra de terrenos por parte de extranjeros. La decisión se tomó luego de que el oficialismo advirtiera que no contaba con la cantidad de votos suficientes para sostener esa parte del proyecto.

La segunda derrota llegó durante el debate de la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, uno de los puntos que había generado mayores cuestionamientos entre senadores de provincias afectadas por incendios forestales.

La propuesta original buscaba modificar las restricciones que actualmente impiden cambiar el uso de tierras afectadas por incendios durante determinados períodos. Esa herramienta fue incorporada para evitar que los incendios pudieran ser utilizados como mecanismo de especulación inmobiliaria o productiva sobre terrenos devastados.

Con el avance de la sesión, distintos sectores opositores comenzaron a reunir apoyos para rechazar ese capítulo. Ante la posibilidad de sufrir una nueva derrota parlamentaria, el oficialismo decidió retirarlo antes de que llegara a la instancia de votación.

La decisión representó otro golpe para la estrategia del Gobierno, que había presentado la iniciativa como una reforma integral destinada a reforzar la seguridad jurídica y garantizar mayores herramientas de protección sobre la propiedad privada.

Durante la jornada también se debatieron cuestiones reglamentarias, entre ellas la autorización para que la senadora Anabel Fernández Sagasti pudiera participar de manera virtual por motivos de salud y una impugnación presentada por la senadora Juliana Di Tullio contra el legislador libertario Joaquín Benegas Lynch por un presunto conflicto de intereses.

Ambos planteos fueron resueltos sin modificar el desarrollo de la sesión y el Senado avanzó finalmente con la aprobación del proyecto.

La versión que obtuvo media sanción mantiene otros capítulos polémicos, entre ellos los cambios al régimen de expropiaciones y la modificación del procedimiento para desalojos de inmuebles.

En materia de expropiaciones, la iniciativa endurece las condiciones para que el Estado pueda disponer la adquisición compulsiva de bienes privados, al elevar los requisitos para declarar la utilidad pública y ampliar los criterios de indemnización para los propietarios.

Respecto de los desalojos, el texto establece un mecanismo más rápido para la restitución de inmuebles cuando quien reclama acredita de manera preliminar un derecho sobre la propiedad. Desde la oposición advierten que la medida podría afectar a inquilinos con dificultades económicas, mientras que el oficialismo sostiene que busca fortalecer la protección del derecho de propiedad.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido en la Cámara de Diputados, donde volverán a discutirse los alcances de una iniciativa que ya perdió dos de sus capítulos más controvertidos antes de completar su tratamiento parlamentario.

El resultado dejó una señal política clara: aunque el Gobierno logró avanzar con una de sus reformas centrales, la necesidad de retirar puntos clave para evitar derrotas expuso las dificultades de La Libertad Avanza para sostener acuerdos dentro del Congreso.