Luego de conseguir que el oficialismo diera marcha atrás con el capítulo que habilitaba una mayor apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros, Unión por la Patria concentró su estrategia en el Senado para intentar provocar un nuevo revés al Gobierno nacional y bloquear las modificaciones propuestas a la Ley de Manejo del Fuego.

La bancada peronista buscará impedir que avance la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, que elimina restricciones vigentes sobre el uso de los terrenos afectados por incendios. En particular, cuestionan la posibilidad de que se puedan modificar destinos, vender o subdividir tierras quemadas antes de los plazos actuales, que van de 30 a 60 años según la normativa vigente.

Desde la oposición sostienen que esas limitaciones funcionan como una herramienta para evitar que los incendios sean utilizados como mecanismo de especulación inmobiliaria o productiva sobre territorios afectados, especialmente en zonas donde los focos forestales generaron graves daños ambientales durante los últimos años.

"Nosotros sufrimos el año pasado la pérdida de 60 mil hectáreas incendiadas. Hay una herramienta fundamental para evitar la especulación inmobiliaria sobre esos territorios quemados que mañana la quieren eliminar", afirmó la senadora rionegrina Ana Marks, al cuestionar la modificación impulsada por el oficialismo.

La Ley de Manejo del Fuego había sido modificada en 2020 a partir de una iniciativa presentada por Máximo Kirchner, estableciendo que las tierras afectadas por incendios no podían cambiar su destino durante determinados períodos de tiempo, con el objetivo de favorecer la recuperación ambiental y desalentar negocios posteriores sobre superficies devastadas.

En Unión por la Patria consideran que la decisión del Gobierno de retirar el capítulo vinculado con la venta de tierras a extranjeros fortaleció la posibilidad de construir una mayoría opositora para rechazar los cambios ambientales. La estrategia del bloque apunta ahora a sumar senadores de distintas provincias que tienen antecedentes recientes de incendios forestales.

La senadora Juliana Di Tullio calificó la eliminación del apartado sobre tierras extranjeras como "una gran victoria del pueblo argentino y una gran derrota del Gobierno", luego de que gobernadores y legisladores de sectores dialoguistas expresaran reparos sobre esa parte del proyecto.

Sin embargo, dentro del peronismo reconocen que otros puntos de la iniciativa oficial cuentan con mayor respaldo y que será más complejo reunir los votos necesarios para modificarlos o rechazarlos.

Entre esos capítulos se encuentran la reforma del régimen de desalojos, que permitiría procedimientos más rápidos ante incumplimientos en contratos de alquiler, y los cambios en el sistema de expropiaciones, que incorporan el pago del lucro cesante dentro de las indemnizaciones, aumentando potencialmente los costos para el Estado.

En esos temas, los bloques dialoguistas mantienen una postura más cercana al oficialismo, lo que reduce las posibilidades de la oposición de imponer cambios durante el debate en el recinto.

Las mayores expectativas opositoras están concentradas en la Ley de Manejo del Fuego. En ese punto, Unión por la Patria busca sumar apoyos de senadores de provincias patagónicas y del norte argentino, además de legisladores de distritos afectados por incendios recientes como Córdoba y Chubut.

Según las estimaciones del bloque peronista, al inicio de la jornada contaban con cerca de 31 votos para rechazar ese capítulo del proyecto y continuaban con negociaciones para sumar nuevas adhesiones entre los senadores que todavía no definieron su postura.

La sesión del Senado está prevista para las 14 y comenzará con la discusión sobre la posibilidad de que algunos legisladores participen de manera remota. Entre ellos se encuentran la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el senador radical Flavio Fama, quienes solicitaron intervenir de forma virtual por motivos de salud.

Aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó esa alternativa, será el pleno del Senado el encargado de resolver finalmente si acepta o rechaza la participación remota de ambos legisladores.

En paralelo, Juliana Di Tullio presentó una impugnación contra el senador libertario Joaquín Benegas Lynch por un presunto conflicto de intereses, luego de que trascendiera que tendría un emprendimiento relacionado con la comercialización de tierras destinadas a compradores extranjeros.

Mientras el debate avanza dentro del Congreso, organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores políticos opositores mantienen convocada una movilización frente al Parlamento con el objetivo de ejercer presión sobre los senadores y reforzar el rechazo a los cambios incluidos en el proyecto oficial.

El Gobierno busca sostener una iniciativa que considera central dentro de su agenda de reformas, mientras la oposición intenta convertir el retroceso sobre la venta de tierras en un antecedente para frenar otro de los puntos más cuestionados del paquete legislativo.