El Gobierno nacional decidió suspender la aplicación del decreto 690/2026, que modificaba el régimen de practicaje y pilotaje en los puertos argentinos, luego de alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores del sector y poner fin al paro que había generado demoras en la actividad marítima.

La resolución representa un cambio en la estrategia oficial, ya que la administración de Javier Milei resolvió dejar en pausa una de las normas impulsadas dentro de su política de desregulación económica y avanzar hacia una instancia de negociación con los trabajadores para revisar los puntos más cuestionados de la reforma.

Como parte del acuerdo alcanzado, los prácticos levantaron el paro por tiempo indeterminado y retomaron sus tareas habituales, mientras que el Gobierno y los representantes del sector conformarán una mesa de trabajo para discutir el futuro del sistema de practicaje.

Además, el entendimiento contempla una reducción del veinte por ciento en las tarifas del servicio, uno de los reclamos planteados por el Ejecutivo, mientras continúan las conversaciones con la participación de organismos vinculados a la seguridad, la defensa y la actividad portuaria.

A través de un comunicado oficial, Presidencia de la Nación informó que el objetivo de la negociación será "avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación". También señaló que los trabajadores "retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados".

El conflicto había comenzado el lunes 3 de agosto y tuvo un impacto directo sobre la operatoria de los puertos argentinos. Durante la medida de fuerza, más de ciento ochenta y cinco embarcaciones quedaron afectadas por la imposibilidad de realizar maniobras de ingreso, salida y navegación en distintos puntos del país.

La situación generó preocupación entre exportadores e industriales, especialmente por el costo económico que representaban las demoras. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, había advertido que cada buque detenido podía generar pérdidas de entre cincuenta mil y cien mil dólares diarios por retrasos en las operaciones.

El conflicto se originó luego de la publicación del decreto 690/2026, una norma impulsada por el Ministerio de Transformación y Desregulación que buscaba modificar el esquema vigente desde 1991.

Entre los principales cambios establecidos por la normativa se encontraban la eliminación de algunos requisitos para ejercer la actividad, la posibilidad de contratación directa de prácticos por parte de los usuarios, un registro abierto de profesionales habilitados bajo control de la Prefectura Naval Argentina y la eliminación de la división por zonas o tramos geográficos durante la navegación.

Desde el Gobierno defendieron la iniciativa al argumentar que buscaba reducir costos logísticos, aumentar la competencia y modernizar un servicio considerado estratégico para el comercio exterior.

El ministro Federico Sturzenegger había señalado al presentar la reforma que "la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", al justificar la necesidad de modificar el sistema.

Sin embargo, los trabajadores del sector rechazaron la medida y advirtieron que podía afectar la seguridad de la navegación. El presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, John Ryan, sostuvo que "la seguridad de la navegación y la seguridad individual se encuentran enormemente vulneradas con esta nueva regla".

El dirigente explicó además que los prácticos cumplen una función de asistencia técnica durante las maniobras de los buques y comparó su tarea con la de los controladores aéreos. "Nosotros no somos el capitán del buque. Somos como el controlador aéreo que asiste en esa llegada y esa partida", afirmó.

Ryan también cuestionó los argumentos oficiales sobre la falta de competencia en el sector y aseguró que "desde 1991 el servicio está desregulado, la cantidad de prácticos que pueden entrar al sistema no tiene límites". Además, remarcó que las tarifas están reguladas por el Estado nacional desde 2018 y funcionan como valores máximos establecidos.

Con el levantamiento del paro y la suspensión del decreto, el Gobierno busca ahora alcanzar un acuerdo definitivo con los trabajadores portuarios. La negociación deberá encontrar un equilibrio entre la reducción de costos que impulsa la administración nacional y las garantías de seguridad reclamadas por quienes realizan una actividad clave para el comercio marítimo argentino.