La nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el Gobierno nacional volvió a instalar en el centro de la discusión política y social el futuro del régimen de tierras en la Argentina. La iniciativa, que será analizada próximamente por el Senado, plantea modificaciones en distintas normas vinculadas con la propiedad privada, las tierras rurales, las expropiaciones y los procedimientos de desalojo.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo principal del proyecto es reforzar la seguridad jurídica, proteger el derecho de propiedad y generar mejores condiciones para atraer inversiones. Sin embargo, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos expresaron fuertes cuestionamientos y advierten que la reforma podría modificar el equilibrio existente entre la propiedad privada y otros derechos reconocidos por la Constitución Nacional, como el acceso a la vivienda, la posesión comunitaria indígena y el derecho al territorio de comunidades campesinas y pequeños productores.

Distintos organismos especializados, entre ellos el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Observatorio de Tierras, señalaron que los cambios deben analizarse de manera integral porque, según su interpretación, forman parte de una misma orientación: ampliar las garantías para los propietarios privados y reducir las herramientas de intervención estatal frente a conflictos donde aparecen intereses públicos o derechos colectivos.

Uno de los puntos que genera mayor controversia es la modificación del régimen de tierras rurales y la posibilidad de flexibilizar las restricciones vinculadas a la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.

Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas señalaron que "el corazón del proyecto es la eliminación del régimen nacional que limita la extranjerización de las tierras rurales". Además, indicaron que, aunque la Ley de Tierras continuaría vigente formalmente, la reforma "suprime los límites a la titularidad extranjera, debilita las capacidades regulatorias del Estado y fortalece la protección jurídica de los grandes inversores extranjeros".

Para las organizaciones que siguen la problemática territorial, la discusión no se limita únicamente al ingreso de nuevos capitales o a la compra de propiedades rurales, sino a las consecuencias que podría generar en territorios donde actualmente existen disputas entre propietarios, comunidades indígenas, familias campesinas y productores familiares.

Uno de los principales focos de preocupación está relacionado con el vencimiento de la Ley 26.160, que durante años suspendió los desalojos de comunidades indígenas mientras avanzaban los relevamientos territoriales. Según especialistas, con el nuevo escenario muchas comunidades podrían quedar nuevamente expuestas a procesos judiciales, mientras que la reforma fortalecería la posición de los propietarios privados sin incorporar mecanismos específicos para contemplar los derechos territoriales reconocidos constitucionalmente.

El debate también alcanza a sectores vinculados con la agricultura familiar y pobladores rurales que habitan zonas donde avanzan proyectos relacionados con la explotación de recursos naturales, infraestructura y logística.

Entre los territorios mencionados aparece la cuenca del río Paraná, una región considerada estratégica por su importancia económica y ambiental. El informe "El Paraná en venta", elaborado por el Observatorio de Tierras, advierte sobre el crecimiento de inversiones y la presión sobre distintas áreas productivas.

"Misiones, Corrientes y Entre Ríos -las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta- concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra", señala el documento.

Según ese relevamiento, Misiones presenta uno de los mayores niveles de extranjerización de la región, con el 11,3 por ciento de su superficie en manos de capitales extranjeros, principalmente provenientes de Chile. En Corrientes, la propiedad extranjera alcanza el 7,6 por ciento del territorio provincial, con participación de capitales estadounidenses, chilenos, holandeses y luxemburgueses.

En Entre Ríos, la preocupación está centrada en la situación de los pequeños productores frente al avance de grandes actores económicos. Juan Echeverría, ex dirigente de la Federación Agraria Argentina, advirtió que "los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados".

El dirigente agregó que en algunas zonas "se está pagando seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales", una situación que, según explicó, aumenta la presión sobre quienes producen a menor escala.

La discusión también se trasladó al ámbito urbano debido a los cambios que el proyecto plantea sobre los procedimientos de desalojo y los contratos de alquiler.

Desde organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda señalaron que la iniciativa podría acelerar los procesos de restitución de inmuebles y modificar las condiciones actuales para los inquilinos. Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas afirmaron que "la iniciativa también facilita los desalojos en zonas urbanas, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, al acelerar los procedimientos para la restitución de inmuebles".

En relación con los alquileres, explicaron que la reforma del Código Civil y Comercial reduciría los plazos de intimación ante incumplimientos de pago. Según indicaron, una vez cumplido el plazo establecido, el propietario podría considerar rescindido el contrato e iniciar una acción de desalojo.

Las organizaciones cuestionan que estas modificaciones llegan en un contexto de dificultades habitacionales y remarcan que, tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, dejaron de existir algunas regulaciones vinculadas con plazos de contratos, mecanismos de actualización y moneda de pago.

Más allá del debate legal, distintos sectores consideran que la discusión refleja una disputa más amplia sobre el modelo de desarrollo del país y sobre cómo se resolverán los conflictos entre inversiones estratégicas y derechos territoriales.

Los especialistas señalan como zonas sensibles los salares del noroeste argentino, donde avanza la explotación del litio; Vaca Muerta, por la expansión de la actividad energética; y distintos corredores productivos donde conviven grandes proyectos económicos con comunidades que habitan esos territorios desde hace décadas.

Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para fortalecer la propiedad privada y promover inversiones, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos anticipan que su aprobación podría abrir una nueva etapa de conflictos judiciales y disputas territoriales en distintos puntos de la Argentina.