La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un nuevo paso en su estrategia judicial internacional al presentar un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de que se revise la condena que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

La presentación fue realizada por un equipo integrado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes informaron que el recurso fue elevado luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena en la causa Vialidad, agotando así las instancias judiciales disponibles dentro de la Argentina.

Con esta iniciativa, la defensa busca que el organismo internacional analice si durante el proceso judicial se respetaron las garantías previstas en los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país y, en caso de encontrar irregularidades, adopte medidas respecto de la situación de la exmandataria.

Entre los principales planteos, los abogados solicitaron que el Comité disponga la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras se analiza el caso. De esa manera, Cristina Fernández de Kirchner pretende recuperar la posibilidad de competir como candidata en futuras elecciones.

La presentación también incluye un pedido para que se revisen las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la exmandataria y solicita que el máximo tribunal argentino vuelva a funcionar con los cinco integrantes previstos por la legislación vigente.

Según sostuvo la defensa, el proceso judicial que culminó con la condena en la causa Vialidad habría presentado distintas irregularidades y vulneraciones a garantías fundamentales. Los abogados argumentaron que esos aspectos deberán ser evaluados por el Comité de Derechos Humanos en el marco de la denuncia presentada.

Antes de la conferencia de prensa en la que se anunció la presentación, Cristina Fernández de Kirchner difundió una carta en la que afirmó que la inhabilitación perpetua constituye el aspecto central de la condena, al considerar que su objetivo es impedir que pueda volver a competir electoralmente y limitar la posibilidad de que una parte del electorado la elija nuevamente.

Durante la exposición, el jurista brasileño Rafael Valim explicó que el trámite iniciado no representa una demanda contra el Estado argentino, sino la utilización de un mecanismo previsto por los tratados internacionales de derechos humanos. Además, sostuvo que las resoluciones del Comité son de cumplimiento obligatorio para los países que integran ese sistema.

Por su parte, el abogado español Javier Borrego afirmó que la presentación denuncia presuntas irregularidades durante la investigación y el juicio, y consideró que la expresidenta habría sido objeto de persecución política y de un trato discriminatorio.

La defensa también cuestionó las condiciones impuestas durante la prisión domiciliaria, entre ellas la utilización de una tobillera electrónica, al entender que ese aspecto también debe ser revisado por el organismo internacional.

Ahora será el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el encargado de evaluar la admisibilidad del reclamo y decidir si corresponde adoptar medidas cautelares mientras analiza el fondo de la denuncia. No obstante, ese procedimiento suele extenderse durante varios años.

Mientras tanto, la condena dictada en la causa Vialidad, así como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, continúan plenamente vigentes en la Argentina hasta que exista una eventual resolución que modifique la situación judicial de la expresidenta.