La Secretaría de Inteligencia del Estado volvió a quedar en el centro de la discusión pública luego de que se conociera una nueva ampliación de su presupuesto anual, que llevó los recursos disponibles del organismo a $146 mil millones. Dentro de ese esquema, los gastos reservados alcanzaron casi $10 mil millones ejecutados, una partida que permanece bajo secreto debido a su vinculación con cuestiones de seguridad nacional.

La actualización presupuestaria fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 594/2026, que incorporó cerca de $50 mil millones adicionales para la Secretaría de Inteligencia del Estado. De esta manera, el presupuesto pasó de los $97 mil millones iniciales previstos para el año a la cifra actual, con un incremento cercano al 50 por ciento.

Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria, hasta el 22 de julio el organismo había devengado $9.285 millones correspondientes a gastos reservados. Durante el último mes, esa partida sumó otros $2.000 millones, mientras que los pagos realizados alcanzaron los $7.645 millones.

Además, el presupuesto vigente contempla una nueva asignación de $7.400 millones para este tipo de erogaciones, lo que elevó el crédito total destinado a gastos reservados hasta los $26 mil millones.

Estas partidas representan uno de los puntos más cuestionados debido a que, por su naturaleza, no requieren que el organismo informe públicamente el destino específico de los fondos. La normativa establece que se trata de recursos vinculados a actividades que deben mantenerse bajo confidencialidad por motivos de seguridad, aunque esa característica limita el nivel de control ciudadano sobre su utilización.

El crecimiento de estos fondos también generó comparaciones con años anteriores. En 2023, la entonces Agencia Federal de Inteligencia contaba con apenas $650 millones destinados a gastos reservados, por lo que el incremento acumulado ronda el 4.000 por ciento.

La ampliación presupuestaria también tuvo impacto en el área de personal. Dentro del nuevo esquema, la Secretaría de Inteligencia incorporó $21 mil millones adicionales para afrontar gastos salariales, llevando ese rubro a un presupuesto total de $78.152 millones.

Hasta el 22 de julio, el organismo ya había devengado $40.623 millones en salarios, una cifra que supera ampliamente todo lo ejecutado durante 2023, cuando el gasto anual en personal había alcanzado los $12.894 millones.

Actualmente, los salarios representan una parte significativa del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Los fondos destinados a personal equivalen al 52 por ciento del gasto total devengado por el organismo durante el año.

La magnitud de los recursos asignados también se destaca al compararlos con otras áreas del Estado nacional. El presupuesto actualizado de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de $146 mil millones, supera los fondos destinados a organismos como las Fuerzas Armadas, la estructura centralizada de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina.

En cuanto a la ejecución general, la Secretaría de Inteligencia del Estado ya utilizó aproximadamente $65 mil millones del presupuesto disponible para este año, equivalente al 44 por ciento del total asignado.

Desde el Gobierno sostienen que el fortalecimiento del organismo responde a la necesidad de mejorar las capacidades de inteligencia frente a amenazas estratégicas y nuevos desafíos de seguridad. En sus comunicaciones oficiales, la Secretaría informó durante las últimas semanas acciones vinculadas con la captura de un narcotraficante mexicano, la creación de un centro antiterrorismo y reuniones internacionales sobre cooperación en materia de seguridad.

Sin embargo, la falta de detalles públicos sobre el destino de los gastos reservados mantiene abierto el debate político. Sectores opositores y especialistas cuestionan el crecimiento de estas partidas y reclaman mayores mecanismos de control sobre los fondos utilizados por la inteligencia estatal.

La discusión también se extendió a las publicaciones realizadas por el propio organismo, donde se mencionaron riesgos vinculados al control de recursos estratégicos como petróleo, gas, litio, cobre y alimentos, además de advertencias sobre posibles influencias externas.

El aumento presupuestario de la Secretaría de Inteligencia del Estado vuelve así a instalar una discusión histórica en la Argentina: cómo equilibrar la necesidad de contar con organismos de inteligencia eficientes con la exigencia de transparencia y control democrático sobre el uso de recursos públicos.