El Gobierno nacional anunció una serie de modificaciones al proyecto de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada para incentivar la incorporación de fondos al sistema financiero formal y que volvió a quedar en el centro del debate por los beneficios previstos para los contribuyentes y los cambios en los mecanismos de control tributario.

Las modificaciones fueron presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. Durante el anuncio, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que "el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada" y afirmó que el objetivo continúa siendo facilitar que los ahorros no declarados puedan ingresar al sistema bancario sin penalidades.

Caputo explicó que las modificaciones fueron elaboradas luego de mantener reuniones con especialistas en materia tributaria, con el propósito de brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a quienes decidan adherir al régimen.

Uno de los principales cambios elimina las restricciones que hasta ahora limitaban el ingreso al sistema simplificado de declaración del Impuesto a las Ganancias. La versión original establecía que solo podían acceder quienes registraran ingresos inferiores a mil millones de pesos anuales, un patrimonio menor a diez mil millones de pesos y no integraran el padrón de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Con la nueva redacción impulsada por el Poder Ejecutivo, esos requisitos dejarán de aplicarse para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. En consecuencia, podrán adherir al régimen sin importar el volumen de ingresos o patrimonio, siempre que no formen parte del registro de Grandes Contribuyentes.

El proyecto también introduce modificaciones en uno de los aspectos más sensibles de la iniciativa: el régimen de fiscalización. Hasta el momento, la normativa establecía que cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectaba diferencias iguales o superiores al quince por ciento entre lo declarado y lo determinado durante una inspección, el contribuyente perdía automáticamente los beneficios previstos por la ley.

La propuesta oficial incorpora ahora un criterio adicional. Aun cuando esa diferencia supere el quince por ciento, la presunción de exactitud de la declaración se mantendrá siempre que el monto observado no exceda el equivalente al cinco por ciento del umbral fijado por la Ley Penal Tributaria, cifra que actualmente ronda los cinco millones de pesos.

Otra de las modificaciones habilita a los contribuyentes a corregir sus declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios del régimen. Si durante una fiscalización se detectan inconsistencias, podrán presentar una declaración rectificativa y cancelar las diferencias junto con los intereses correspondientes dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que estos cambios buscan generar mayor confianza entre quienes decidan formalizar activos y reducir la incertidumbre frente a eventuales controles tributarios.

Sin embargo, las modificaciones volvieron a despertar cuestionamientos por parte de dirigentes de la oposición y especialistas en derecho tributario, quienes advirtieron que la flexibilización de algunos requisitos podría debilitar los mecanismos de control y favorecer la regularización de fondos no declarados bajo condiciones más favorables que las previstas inicialmente.

El proyecto deberá continuar ahora su tratamiento en el Congreso, donde el oficialismo intentará reunir los apoyos necesarios para convertir la iniciativa en ley. En ese ámbito se espera un nuevo debate sobre el alcance de los beneficios propuestos y sobre el equilibrio entre incentivar la formalización de activos y mantener herramientas eficaces de fiscalización tributaria.