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TENSIÓN POR MALVINAS: diputados de Unión por la Patria exigen respuestas al Gobierno por la explotación petrolera
Legisladores opositores presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle qué medidas adoptó frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion, autorizado por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. Reclaman acciones diplomáticas y legales para defender la soberanía argentina.
Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Gobierno nacional explique qué acciones impulsó frente al desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, autorizado por el Reino Unido en las Islas Malvinas y destinado a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa busca conocer si el Poder Ejecutivo tomó conocimiento formal de las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas y qué medidas diplomáticas, administrativas o judiciales implementó para responder al avance de un emprendimiento que, según los legisladores, afecta los derechos soberanos de la Argentina sobre las islas y los recursos naturales del Atlántico Sur.
El proyecto fue impulsado por los diputados Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, quienes sostienen que cualquier autorización concedida por el Reino Unido para explotar recursos naturales en el área en disputa constituye una vulneración de la soberanía argentina y contradice las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una controversia territorial sobre las Islas Malvinas.
El reclamo parlamentario se produjo luego de que, en diciembre de 2025, las autoridades británicas aprobaran el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros de Puerto Argentino. El emprendimiento es desarrollado por las empresas Navitas Petroleum, de origen israelí, que posee el 65 por ciento de participación, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 por ciento restante.
En el pedido de informes, los legisladores solicitaron que el Gobierno detalle si presentó protestas diplomáticas ante el Reino Unido, si realizó gestiones ante las Naciones Unidas u otros organismos internacionales y cuál es la estrategia oficial para responder al avance del proyecto.
Guillermo Michel calificó la explotación de hidrocarburos como una actividad "ilegítima" y advirtió que el desarrollo del yacimiento implica la utilización de recursos estratégicos cuya explotación, según afirmó, solo puede ser autorizada por el Estado argentino.
Por su parte, Kelly Olmos sostuvo que el Gobierno cuenta con herramientas diplomáticas y legales para actuar frente a este tipo de situaciones, aunque cuestionó que hasta el momento, según planteó la oposición, la respuesta oficial se haya limitado a la emisión de un comunicado de rechazo por parte de la Cancillería.
Entre los principales cuestionamientos figura la ausencia de medidas vinculadas con la aplicación de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y establece sanciones para las empresas que desarrollen actividades sin autorización del Estado nacional.
Los diputados recordaron que esa normativa ya fue utilizada en 2021 para sancionar a Navitas Petroleum y a otras compañías vinculadas con exploraciones realizadas sin autorización en la Cuenca Malvinas Norte. También señalaron como antecedente la causa judicial iniciada en 2015 contra diversas empresas petroleras que operaban en la zona, proceso que derivó en multas y medidas cautelares sobre embarcaciones y equipamiento.
El pedido de informes también incluye consultas sobre el Decreto 590/26, mediante el cual el Gobierno nacional convocó a un concurso internacional para la exploración de hidrocarburos en el área CAN_200 del Mar Argentino e incorporó mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de eventuales conflictos.
Según los legisladores de Unión por la Patria, esa decisión requiere mayores precisiones por parte del Poder Ejecutivo en relación con la política energética y la defensa de los recursos naturales ubicados en áreas vinculadas a la disputa de soberanía.
La presentación volvió a poner en el centro del debate la cuestión Malvinas y la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, un tema que genera cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, que reclaman una estrategia más activa del Gobierno nacional en defensa de los derechos argentinos sobre las islas y sus recursos naturales.