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El Gobierno prepara una batería de reformas para acelerar su agenda en el Congreso

Por: Carlos Rodriguez

Con la reanudación de la actividad parlamentaria en agosto, el oficialismo buscará avanzar con cambios electorales, económicos y regulatorios. La eliminación de las elecciones primarias y la flexibilización de la compra de tierras aparecen entre sus prioridades.

Con el reinicio de la actividad parlamentaria previsto para agosto, el Gobierno de Javier Milei buscará impulsar en el Congreso una serie de proyectos considerados centrales para la segunda mitad del año. La agenda incluye reformas electorales, modificaciones económicas y cambios en diferentes regulaciones vigentes.

Entre las principales iniciativas figuran la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; el denominado Súper Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones; una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; modificaciones al etiquetado frontal de alimentos; una ley para regular la actividad de lobby y nuevos cambios vinculados con el régimen de Inocencia Fiscal.

Uno de los objetivos prioritarios del oficialismo será reunir los consensos necesarios para eliminar las elecciones primarias antes de los comicios presidenciales de 2027. La propuesta deberá superar las resistencias de los sectores que defienden ese mecanismo como una herramienta para ordenar las internas partidarias y definir candidaturas.

“El objetivo es ordenar el sistema de partidos, evitar que el ciudadano tenga que votar seis veces, ahorrar unos 300 millones de dólares y corregir un esquema de publicidad política que, en definitiva, ya casi nadie mira", sostuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al defender la reforma.

El Gobierno también intentará aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento en el Senado fue postergado hasta el 6 de agosto por falta de acuerdos. La iniciativa modifica diferentes normas, entre ellas la Ley de Tierras Rurales, y flexibiliza las restricciones para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir terrenos en el país.

El texto incorpora además cambios en los procedimientos de desalojo y en la Ley de Manejo del Fuego. Estos puntos generaron cuestionamientos de legisladores aliados, que reclamaron mayores facultades para las provincias y garantías adicionales antes de acompañar la propuesta.

Otra de las reformas en preparación apunta a modificar la Carta Orgánica del Banco Central para limitar la asistencia financiera al Tesoro Nacional. El proyecto todavía se encuentra en elaboración técnica dentro del Poder Ejecutivo y no fue presentado formalmente, aunque el oficialismo espera enviarlo al Congreso durante las próximas semanas.

El Senado también deberá debatir el denominado Súper Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 130 votos afirmativos. La iniciativa contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados con sectores tecnológicos, industriales y digitales.

Dentro del paquete aparece además una ley destinada a combatir la ludopatía y el funcionamiento de plataformas ilegales de apuestas en línea. El proyecto busca reforzar los controles sobre los sitios que operan fuera del marco legal y establecer mayores mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes frente al crecimiento del juego digital.

El oficialismo también impulsará una ley de lobby destinada a regular y transparentar la actividad de personas, empresas y organizaciones que buscan influir sobre las decisiones del Estado. La propuesta prevé la creación de registros de reuniones con funcionarios y la identificación de los intereses representados en cada encuentro.

Otro de los puntos de la agenda será la reforma de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. El Gobierno propone eliminar los actuales octógonos negros de advertencia y sustituirlos por un sistema de información nutricional compatible con los criterios utilizados en el Mercado Común del Sur.

Por último, el Poder Ejecutivo espera que el Congreso discuta modificaciones complementarias al régimen de Inocencia Fiscal. Aunque la Ley número 27.799 ya fue sancionada y reglamentada, la administración nacional pretende introducir ajustes técnicos relacionados con los plazos de prescripción de las multas y los mecanismos de control tributario.

La posibilidad de concretar esta agenda dependerá de las negociaciones que el oficialismo mantenga con los bloques aliados y con los gobernadores. La Libertad Avanza continúa sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, por lo que necesitará construir acuerdos para evitar nuevas postergaciones y convertir sus principales proyectos en ley.

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