La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que alcanza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó nuevos elementos relacionados con una propiedad alquilada por su entorno familiar en un exclusivo barrio cerrado del partido bonaerense de Berazategui.

La documentación fue agregada al expediente que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita y está vinculada con la reciente mudanza de Silvia Pais, madre del funcionario, al barrio privado Fincas de Iraola II.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, el alquiler de la vivienda habría sido abonado por adelantado durante un año completo mediante un desembolso de 12 mil dólares en efectivo. La operación despertó el interés de los investigadores, que buscan establecer el origen del dinero y determinar quién afrontó efectivamente el pago.

La mudanza se habría concretado a comienzos de junio, cuando la evolución patrimonial y los gastos atribuidos al jefe de Gabinete ya eran objeto de distintas medidas de prueba. La investigación intenta establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y las erogaciones detectadas desde su llegada a la administración pública.

Para obtener información sobre la operación, la Justicia envió un requerimiento a la administración del barrio cerrado. El consorcio debió entregar los contratos vigentes, los comprobantes de pago y toda la documentación vinculada con la vivienda actualmente ocupada por la madre de Adorni.

Los registros remitidos a la fiscalía indicaron que el contrato de alquiler no fue firmado por Silvia Pais, sino por Juan Pais, tío del jefe de Gabinete. El acuerdo fue establecido por un plazo de dos años y contempló un alquiler mensual de 1.100 dólares.

Sin embargo, en lugar de efectuarse pagos mensuales, el primer año habría sido cancelado mediante una entrega única de 12 mil dólares en efectivo. A ese monto deben sumarse las expensas del barrio privado, estimadas en alrededor de 500 mil pesos por mes.

La intervención de Juan Pais amplió la presencia del entorno familiar del funcionario dentro de las distintas líneas de investigación. La fiscalía busca establecer cuál fue su participación en la operación, de dónde provinieron los fondos utilizados y si el dinero mantiene alguna relación con los movimientos patrimoniales investigados.

El avance se conoció pocos días después de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara la declaración indagatoria de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y legislador de la provincia de Buenos Aires.

En esa parte de la investigación, la Justicia analiza posibles inconsistencias en las declaraciones juradas que Francisco Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción. Según las actuaciones mencionadas en el expediente, el legislador debió rectificar en dos ocasiones la información patrimonial entregada originalmente.

Los investigadores pusieron especial atención en diferencias relacionadas con los montos de una herencia familiar declarada por los hermanos Adorni. Las correcciones realizadas y la documentación respaldatoria serán sometidas a peritajes para determinar si existieron errores administrativos o irregularidades con relevancia penal.

La causa comenzó con el análisis de la evolución patrimonial de Manuel Adorni, pero con el avance de las medidas de prueba se extendió hacia operaciones económicas, consumos y movimientos financieros atribuidos a integrantes de su entorno cercano.

El objetivo de la fiscalía es reconstruir con precisión los ingresos, bienes, deudas y gastos registrados durante el período bajo investigación. Para ello, se solicitaron informes a organismos públicos, entidades financieras, empresas y administraciones privadas.

Entre los elementos que habrían sido incorporados al expediente también aparece la compra de un juego de sábanas de alta gama valuado en aproximadamente ocho millones de pesos. El dato habría surgido del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, considerado uno de los testigos relevantes de la causa.

La fiscalía intenta determinar quién realizó esa compra, cuál fue el medio de pago utilizado y si el producto estuvo destinado al funcionario o a algún integrante de su familia. Por el momento, la operación forma parte de las distintas erogaciones bajo revisión y no implica por sí sola la existencia de un delito.

En paralelo, los investigadores aguardan nuevos informes contables y financieros que podrían permitir una comparación más precisa entre el patrimonio declarado y los gastos relevados. Los resultados serán determinantes para establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia nuevas medidas procesales.

Entre las posibilidades que permanecen abiertas figura una eventual citación a declaración indagatoria del jefe de Gabinete, aunque esa decisión dependerá de las pruebas reunidas y de la evaluación que realice la fiscalía una vez completados los peritajes pendientes.

Mientras la causa continúa su curso, la incorporación del alquiler abonado en dólares abrió un nuevo interrogante sobre las operaciones económicas del entorno familiar de Adorni y aumentó la presión política sobre el funcionario.

La investigación todavía se encuentra en desarrollo y no existe una resolución judicial definitiva sobre las responsabilidades de las personas mencionadas. La fiscalía deberá determinar si los movimientos analizados pueden justificarse con los ingresos declarados o si existen inconsistencias que permitan sostener una acusación penal.