La situación judicial de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, se complicó luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitara formalmente que sea citado a declaración indagatoria por presuntas irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas patrimoniales.

El pedido fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, quien deberá decidir si hace lugar a la solicitud. La acusación se basa en una serie de modificaciones realizadas por el actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza sobre la información patrimonial presentada durante su desempeño como funcionario del Ministerio de Defensa.

Según la investigación, Adorni realizó sucesivas rectificaciones en sus declaraciones juradas una vez que la causa judicial ya se encontraba en marcha. Entre los cambios incorporados figuran bienes, cuentas bancarias, ingresos familiares y sumas de dinero que no habían sido consignadas en las presentaciones originales.

Uno de los puntos que más llamó la atención de la fiscalía fue la aparición de una herencia superior a los 21 millones de pesos, incorporada mediante una rectificación posterior. De acuerdo con la explicación brindada por el propio funcionario, esos fondos estarían vinculados a bienes heredados tras el fallecimiento de su padre.

La referencia a esa herencia tomó relevancia pública porque el mismo argumento había sido utilizado anteriormente por Manuel Adorni para explicar parte del origen de su patrimonio. Esa coincidencia despertó el interés de los investigadores, que buscan determinar el alcance y la procedencia de los fondos declarados.

La causa también pone bajo análisis la incorporación tardía de ingresos correspondientes a la esposa de Francisco Adorni. Según la documentación presentada ante la Justicia, en las rectificaciones se agregaron montos relacionados tanto con trabajos en relación de dependencia como con actividades profesionales independientes que inicialmente no habían sido informados.

Además, la fiscalía detectó diferencias significativas respecto de la cantidad de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros declarados. Mientras las primeras presentaciones mostraban un patrimonio financiero limitado, las posteriores rectificaciones incluyeron cajas de ahorro en pesos y dólares, cuentas corrientes, fondos de inversión y diversos productos bancarios tanto del funcionario como de su pareja.

Para Marijuán, la magnitud de las modificaciones dificulta sostener que se trate de simples errores administrativos. En su dictamen remarcó que Francisco Adorni posee una extensa trayectoria profesional vinculada precisamente al control y análisis de declaraciones patrimoniales.

Antes de ingresar al Gobierno nacional, el ahora legislador trabajó durante aproximadamente veinte años como perito contador en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Además, cuenta con formación especializada en administración financiera y control del sector público.

Por ese motivo, el fiscal consideró que el funcionario conocía perfectamente la importancia de consignar información completa y precisa en sus declaraciones juradas. Según sostiene la acusación, las omisiones detectadas podrían haber tenido como objetivo ocultar información relevante sobre su situación patrimonial.

El delito de omisión maliciosa por el que se impulsa la indagatoria contempla penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en caso de una eventual condena.

Sin embargo, la investigación no se limita únicamente a las presuntas irregularidades documentales. La Justicia también analiza la evolución integral del patrimonio de Francisco Adorni durante los últimos años, en una pesquisa más amplia orientada a determinar si existen elementos que permitan avanzar sobre una eventual hipótesis de enriquecimiento ilícito.

Los investigadores buscan establecer si los ingresos declarados resultan compatibles con el crecimiento patrimonial registrado y si el origen de determinados fondos puede ser acreditado de manera fehaciente.

Mientras tanto, todas las miradas se concentran en la decisión que deberá adoptar el juez Rafecas. Si acepta el planteo de la fiscalía, Francisco Adorni será convocado a prestar declaración indagatoria y la causa ingresará en una nueva etapa procesal que podría tener importantes consecuencias políticas y judiciales.

El expediente se convirtió en uno de los casos más sensibles que involucran a dirigentes vinculados al oficialismo y promete seguir generando repercusiones mientras avanza el análisis sobre el patrimonio y las declaraciones del hermano del jefe de Gabinete.