Un nuevo conflicto sindical sacude a uno de los sectores más importantes de la economía argentina y amenaza con generar fuertes consecuencias sobre la actividad agroindustrial. Los gremios aceiteros lanzaron un paro nacional por tiempo indeterminado luego del fracaso de las negociaciones paritarias y denunciaron que las empresas ofrecieron un aumento salarial del 0% para mayo.

La medida de fuerza fue anunciada por la Federación Aceitera y Desmotadora junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, que acusaron a las cámaras empresarias de mantener una postura “intransigente” durante las discusiones salariales.

El conflicto afecta directamente a las principales plantas procesadoras de aceite y biodiésel del país, en un momento especialmente sensible para el complejo exportador argentino.

La paralización alcanza instalaciones vinculadas a la molienda de soja y girasol, actividades fundamentales para el ingreso de dólares provenientes del comercio exterior.

Desde los sindicatos sostuvieron que la propuesta empresarial de congelar salarios fue interpretada como una “provocación”, particularmente por la situación económica que atraviesa el sector exportador.

Según plantearon los dirigentes gremiales, las compañías obtuvieron importantes beneficios económicos durante los últimos meses, especialmente a partir de la reducción de retenciones a las exportaciones.

De acuerdo con los cálculos difundidos por las organizaciones sindicales, las empresas habrían recibido beneficios adicionales por aproximadamente 3.740 millones de dólares gracias a la baja de los derechos de exportación.

Los gremios afirmaron además que las retenciones se redujeron entre un 27% y un 67% respecto de los niveles vigentes en 2023.

En ese contexto, defendieron la viabilidad económica de su reclamo salarial y remarcaron que los salarios representan apenas el 3,3% del total exportado por la actividad aceitera.

Otro de los argumentos expuestos por los sindicatos estuvo vinculado con la productividad del sector.

Según señalaron, durante 2025 la industria alcanzó niveles récord de procesamiento y aumentó la productividad mensual por trabajador de 183 a 191 toneladas, sin incorporar nuevo personal.

Uno de los principales puntos de tensión en la negociación pasa por la metodología de actualización salarial.

Las cámaras empresarias propusieron aplicar ajustes desde junio tomando como referencia la inflación mensual difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Sin embargo, los sindicatos rechazaron ese mecanismo y sostuvieron que el índice oficial no refleja el verdadero costo de vida de una familia trabajadora.

En contraposición, reclamaron mantener el criterio histórico basado en el concepto constitucional del Salario Mínimo Vital y Móvil, contemplando gastos esenciales como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

Bajo ese esquema, las organizaciones gremiales fijaron como referencia un salario inicial de 2.802.754 pesos para garantizar condiciones de vida que consideren adecuadas para los trabajadores del sector.

La falta de acuerdo profundizó el enfrentamiento y derivó en el inicio de una huelga nacional que ya genera preocupación tanto en el sector agroindustrial como en el ámbito económico.

El conflicto amenaza con afectar el ritmo de molienda y la liquidación de divisas en un momento clave para el ingreso de dólares al país.

Mientras tanto, desde los gremios advirtieron que no aceptarán propuestas que impliquen pérdida del poder adquisitivo y aseguraron que mantendrán la medida de fuerza hasta que exista una oferta salarial que consideren acorde al costo de vida actual.