Una nueva decisión del Gobierno nacional volvió a generar repercusiones y encendió alarmas entre organizaciones vinculadas al sector de discapacidad. La administración nacional resolvió eliminar el sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niñas, niños y adolescentes con enfermedades oncológicas.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y modifica un esquema que durante años funcionó como mecanismo para cubrir parte de los costos derivados de los boletos sin cargo establecidos por distintas leyes nacionales.

Según lo dispuesto, el Estado dejará de transferir fondos a las empresas por esos pasajes gratuitos y, a partir de ahora, serán las propias compañías las que deberán asumir el impacto económico dentro de sus estructuras operativas.

La normativa establece expresamente la eliminación del régimen de compensaciones económicas destinado al transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional y alcanza a los beneficios otorgados bajo diferentes marcos legales.

Las leyes incluidas contemplan el derecho a la gratuidad para personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera para trasplantes y menores con enfermedades oncológicas que necesiten trasladarse mediante servicios de larga distancia bajo jurisdicción nacional.

Uno de los puntos centrales que aclaró el Gobierno es que el beneficio continuará vigente. Es decir, las personas alcanzadas por las normativas seguirán teniendo derecho a solicitar pasajes gratuitos tal como ocurre actualmente.

Sin embargo, el cambio radica en quién absorberá el costo económico de ese derecho.

Hasta ahora el Estado compensaba parcialmente a las empresas por esos traslados. Con la nueva disposición, las compañías deberán incorporar esos costos dentro de su propia estructura financiera.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo explicó que las modificaciones introducidas en el sistema de transporte durante los últimos años alteraron las condiciones bajo las cuales se había implementado originalmente el esquema de subsidios.

Según se argumenta, el nuevo marco regulatorio surgido tras la aplicación del Decreto 883/2024 amplió la libertad operativa de las empresas permitiéndoles definir recorridos, horarios, tarifas, modalidades y duración de servicios.

Desde el Gobierno sostienen que ese nuevo escenario modificó la ecuación económica del sector y otorga herramientas suficientes para absorber obligaciones previamente compensadas por el Estado.

La resolución señala además que la denominada libertad tarifaria produjo una transformación sustancial en las condiciones financieras del sistema y afirma que las empresas cuentan ahora con capacidad para internalizar este tipo de costos.

Sobre esa base, el texto oficial concluye que las razones estructurales que justificaron originalmente el régimen de compensaciones ya no existen y considera innecesario mantenerlo.

Pese a esa explicación, la medida comenzó a generar inquietud en distintos sectores vinculados con discapacidad y transporte.

La principal preocupación gira alrededor de cómo responderán las empresas frente a la obligación de seguir otorgando pasajes gratuitos sin recibir compensación económica estatal. Diversas organizaciones temen que puedan aparecer nuevas dificultades para acceder a los boletos o mayores conflictos al momento de gestionar los viajes.

Para evitar incumplimientos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte continuará teniendo a su cargo tareas de control y supervisión para garantizar que las compañías respeten las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

El propio texto oficial remarca que la eliminación del sistema compensatorio no modifica ni restringe el derecho a la gratuidad y subraya que el beneficio continúa plenamente vigente y exigible frente a las empresas de transporte.

La decisión llega además en un contexto de creciente tensión y reclamos vinculados a políticas públicas para personas con discapacidad, prestaciones y financiamiento del sector, un escenario que mantiene abierto un debate cada vez más intenso sobre el alcance de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.