El Gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo ajuste sobre el sistema sanitario nacional y oficializó una reducción superior a los 63.000 millones de pesos en partidas destinadas al área de Salud. La medida forma parte del proceso de recorte del gasto público impulsado por la administración nacional y ya generó fuertes cuestionamientos de especialistas, trabajadores y organizaciones vinculadas al sector.

Según distintas advertencias surgidas tras conocerse la decisión, la reducción presupuestaria podría impactar sobre programas estratégicos, distribución de medicamentos, compra de insumos y tratamientos para enfermedades crónicas y complejas.

Entre las áreas alcanzadas aparecen programas vinculados a cáncer, VIH, tuberculosis, hepatitis virales, salud sexual, vacunación y trasplantes, además de partidas destinadas a las provincias y a distintos esquemas de asistencia sanitaria.

Uno de los funcionarios que expresó preocupación por la situación fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien cuestionó el alcance de las medidas.

“La situación es de extrema preocupación”, sostuvo el funcionario al advertir sobre posibles consecuencias en prestaciones esenciales. Además, señaló: “Menos medicamentos, menos vacunas y menos financiamiento para programas esenciales como cáncer, VIH, tuberculosis, hepatitis virales, salud sexual e Incucai”.

Uno de los puntos más sensibles aparece en la reducción de recursos destinados a medicamentos, insumos y tecnología médica, donde el ajuste rondaría los 20.000 millones de pesos.

En paralelo surgieron denuncias vinculadas a la situación del programa Remediar, iniciativa creada en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales mediante centros de atención primaria distribuidos en todo el país.

Profesionales de la salud aseguran que las consecuencias comenzaron a sentirse en hospitales y salitas barriales, donde ya se registran faltantes y dificultades en la provisión de insumos básicos.

“Antes nos daban cinco botiquines, ahora nos mandan uno”, describieron trabajadores sanitarios al explicar la situación que atraviesan distintos establecimientos.

Las dificultades alcanzan tratamientos para hipertensión, diabetes, hipotiroidismo y otras enfermedades crónicas. Según profesionales del sector, muchos pacientes comenzaron a enfrentar interrupciones o problemas para acceder a la medicación.

La preocupación también se extiende a las políticas de prevención y salud sexual. Organizaciones señalaron una disminución en la entrega de anticonceptivos, preservativos y otros insumos utilizados en campañas sanitarias.

Desde la Fundación Huésped también manifestaron inquietud por el impacto sobre programas vinculados al VIH y enfermedades de transmisión sexual.

Su director ejecutivo, Leandro Cahn, cuestionó el alcance de la reducción presupuestaria: “La plata no sobraba antes en el presupuesto. ¿Dónde se va a ajustar este 2%?”.

En paralelo, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales advirtieron sobre problemas relacionados con coberturas de vacunación y campañas preventivas.

Macarena Sabin Paz, integrante del organismo, alertó sobre el regreso de situaciones epidemiológicas que parecían controladas y afirmó: “La mitad de los niños menores de cinco años no tienen el esquema de vacunación completo”.

Las críticas también alcanzaron al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante y a programas relacionados con tratamientos oncológicos, que también registraron reducciones presupuestarias.

Frente a este escenario, trabajadores, sindicatos y organizaciones sanitarias convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para reclamar por el financiamiento del sistema y denunciar el impacto de las medidas.

Uno de los impulsores de la convocatoria, el médico Matías Gallastegui, cuestionó con dureza las decisiones oficiales: “Es una brutalidad que corten una política de Estado como es el Remediar”.

La movilización buscará convertirse en una nueva señal de rechazo frente a las políticas de ajuste y sumará un nuevo capítulo a la discusión sobre el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.